Robos de ganado en el norte entrerriano: el Senado aprobó un pedido que ilusiona a los productores
Los productores del norte entrerriano vienen denunciando robos de ganado uno tras otro y nadie les daba una respuesta concreta. El Senado aprobó un pedido que apunta a cambiar cómo se investigan esos casos, pero la decisión final no depende de los legisladores.
La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio luz verde a un proyecto de comunicación que pide a la Procuración General de la Provincia la creación de una fiscalía especializada en abigeato y otros delitos rurales conexos. La aprobación se concretó en la sesión del jueves 29 de octubre y responde a los reclamos que el sector agropecuario viene sosteniendo por la repetición de robos de ganado, sobre todo en el norte provincial.
La iniciativa la impulsó la senadora del departamento La Paz, Patricia Díaz, y plantea armar una unidad fiscal dentro del Ministerio Público Fiscal con personal capacitado, recursos propios de investigación y una actuación coordinada con las fiscalías de cada jurisdicción.
Qué busca la propuesta
El texto apunta a que las denuncias por sustracción de hacienda tengan un seguimiento más aceitado, que la recolección de pruebas sea más eficiente y que se puedan investigar posibles vínculos entre distintos hechos delictivos.
El proyecto se hizo eco de las preocupaciones de entidades como Federación Agraria Argentina y la Mesa de Enlace, que alertaron por el aumento de los casos de abigeato y reclamaron medidas concretas para fortalecer la investigación.
En su articulado, la Cámara Alta expresa que “vería con agrado que la Procuración General de la Provincia, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y en ejercicio de sus atribuciones, disponga la creación y puesta en funcionamiento de una fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales conexos”.
La dependencia funcionaría como una unidad fiscal especializada, con intervención coordinada con las fiscalías territoriales. El proyecto también pide definir su organización, su cobertura geográfica, el personal y los medios de investigación, y establecer mecanismos de articulación con la Policía de Entre Ríos y con los organismos que controlan la identificación y el tránsito de hacienda.
Además, contempla canales de atención y orientación para los productores damnificados. Si para ponerla en marcha hacen falta nuevos cargos, cambios legales o recursos presupuestarios, plantea gestionar los instrumentos necesarios ante las autoridades competentes, siempre respetando la autonomía del Ministerio Público Fiscal.
El reclamo que originó todo
El proyecto nació de las advertencias de las entidades agropecuarias sobre la reiteración de robos de hacienda, principalmente en departamentos del norte entrerriano, donde la actividad ganadera tiene un peso importante.
Entre los antecedentes figuran las declaraciones de Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina, quien expuso los reclamos de productores afectados por robos reiterados en la zona de Bovril y planteó la necesidad de contar con fiscalías especializadas y una mayor coordinación institucional.
Los fundamentos de la iniciativa sostienen que “se busca que la investigación de estos delitos cuente con una organización estable, personal capacitado y coordinación entre las jurisdicciones, de modo que las denuncias reciban un seguimiento adecuado”.
El texto no formula conclusiones sobre investigaciones judiciales particulares ni sobre el desempeño de sus responsables: plantea una reorganización institucional para abordar los delitos rurales con recursos y conocimientos específicos.
Cómo funcionaría la fiscalía
La unidad propuesta tendría entre sus tareas fortalecer las investigaciones por sustracción de ganado y otros delitos rurales conexos. Para eso se considera clave contar con conocimiento específico sobre identificación de animales, documentación de movimientos de hacienda y preservación de pruebas.
Los fundamentos también subrayan la importancia de analizar posibles conexiones entre distintos hechos e investigar eventuales circuitos de traslado, faena y comercialización de animales sustraídos. Esas tareas requerirían la participación coordinada de fiscales, fuerzas policiales y organismos de control.
“Una unidad con dedicación específica podría sostener esas tareas y asistir a las fiscalías territoriales”, sostiene el proyecto, que también contempla mejorar la atención a los damnificados y facilitar el intercambio de información entre las dependencias involucradas.
Los argumentos legales
La senadora Patricia Díaz apoyó el pedido en las atribuciones que la legislación provincial le da al Ministerio Público Fiscal. Citó el artículo 207 de la Constitución de Entre Ríos, que reconoce la autonomía funcional del organismo y le asigna la conducción de la investigación penal.
También mencionó la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 10.407, cuyo artículo 17, inciso i), faculta al Procurador General a crear unidades especializadas para investigar delitos complejos y conformar equipos para combatir determinadas modalidades delictivas cuando las circunstancias lo requieran.
Con ese respaldo, la legisladora sostuvo que la creación de la fiscalía podría concretarse dentro de las facultades de la Procuración General, sin perjuicio de las adecuaciones administrativas, legales o presupuestarias que resulten necesarias.
La aprobación del proyecto de comunicación no implica la creación inmediata de la fiscalía, ya que la decisión final queda en manos de la Procuración General de la Provincia. Lo que hizo el Senado fue expresar su respaldo institucional a una medida que productores y entidades rurales vienen reclamando para mejorar la investigación del abigeato en Entre Ríos.
