Rosario blindó la compra de medicamentos con un sistema exprés: ahora quieren que no tenga fecha de vencimiento
Un concejal rosarino presentó un proyecto para que las compras de medicamentos del municipio dejen de depender de una norma que vence en 2027. El sistema ya funciona, pero ahora quieren blindarlo. Lo que revelan los números oficiales...
El Ejecutivo municipal presentó un proyecto para que las Compras Ágiles de medicamentos e insumos dejen de depender de una ordenanza transitoria y se incorporen al régimen permanente de contrataciones. La iniciativa llega esta semana a la Comisión de Gobierno del Concejo y promete un debate caliente: más velocidad para abastecer a la red de salud, pero también más preguntas sobre el control de los fondos.
La Municipalidad de Rosario ya utiliza un mecanismo especial para adquirir medicamentos e insumos biomédicos destinados a sus hospitales y centros de salud. Se llama Compras Ágiles y funciona al amparo de la ordenanza 10.586, que fue prorrogada hasta 2027. El problema es que esa norma tiene fecha de vencimiento. Por eso el oficialismo quiere mudar la herramienta a la ordenanza 10.850, la que regula todas las contrataciones del municipio.
El proyecto comenzará a discutirse en la Comisión de Gobierno, que preside el concejal oficialista Fabrizio Fiatti. La idea central es agregar un artículo 26 bis que exceptúe a las compras de medicamentos e insumos biomédicos de los límites monetarios generales que fija el artículo 26 de la ordenanza 10.850.
Qué son las Compras Ágiles y por qué el municipio las defiende
Según los fundamentos del mensaje enviado al Concejo, el sistema se creó para adaptarse a un mercado complicado: precios que cambian todo el tiempo, pocos proveedores en algunos rubros y ofertas que quedan viejas en cuestión de días, sobre todo cuando la inflación corre rápido.
Con los procedimientos tradicionales, sostiene el Ejecutivo, las licitaciones pueden quedar desiertas, terminar en compras más caras o directamente provocar faltantes de medicamentos e insumos. La Compra Ágil, en cambio, permite una compulsa más directa entre droguerías y laboratorios de todo el país, con plazos más cortos y mejores condiciones económicas.
El mecanismo se apoya en tres patas: menos tiempo administrativo, más proveedores compitiendo y, como consecuencia, precios más convenientes. La Municipalidad asegura que es clave para demandas estacionales, emergencias sanitarias y reposiciones que no pueden esperar los tiempos de una licitación común.
“En un contexto complejo para el sistema de salud, buscamos darle al Estado municipal mejores herramientas para responder más rápido y, al mismo tiempo, cuidar los recursos de los rosarinos. La experiencia de las Compras Ágiles demuestra que ambas cosas pueden ir de la mano”, dijo Fiatti.
Los números que usa el oficialismo para justificar el cambio
El mensaje oficial incluye cifras que muestran la escala de lo que se compra por esta vía. Durante los primeros cinco meses de 2026, la Municipalidad adquirió 598.129 unidades de medicamentos y 358.826 unidades de insumos biomédicos a través de Compras Ágiles. En junio sumó 110 ítems críticos por unos 1.000 millones de pesos. En total, según el Ejecutivo, el primer semestre cerró con casi tres millones de unidades compradas para abastecer a los efectores municipales y atender a unas 300.000 personas que concurren al sistema público local.
El proyecto también cita como antecedente lo que pasó en 2025. De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública, los costos de medicamentos e insumos comprados mediante Compras Ágiles subieron 3,3 por ciento, mientras que la inflación general de ese período fue del 31,5 por ciento. El oficialismo lee ese contraste como una señal de que la competencia entre proveedores sirvió para contener los aumentos.
Sin embargo, el mismo mensaje no detalla en cada caso los precios de referencia, las cantidades compradas ni la comparación con otras modalidades de contratación. Ese es, precisamente, uno de los puntos que la oposición podría poner sobre la mesa.
Qué pasa con la transparencia y el control
El texto no plantea una excepción general para cualquier compra del municipio. La exclusión de los límites monetarios queda circunscripta a medicamentos e insumos biomédicos destinados al sistema de salud pública local. Y condicionada a una serie de principios: concurrencia de oferentes, publicidad, transparencia, eficiencia, trazabilidad y razonabilidad económica.
Además, el proyecto establece que la información de estas contrataciones deberá estar disponible para consulta pública. Como mínimo, se deberán difundir el objeto de la contratación, el monto adjudicado, la nómina de oferentes y el proveedor que finalmente se quedó con la compra. La reglamentación posterior definirá cómo se publican esos datos.
“Agilizar no significa resignar transparencia ni controles. La propuesta mantiene la concurrencia de oferentes, la publicidad, la trazabilidad y la razonabilidad económica”, remarcó Fiatti. El concejal agregó que el objetivo es darle continuidad a una herramienta que, según la evaluación del Ejecutivo, ya mostró resultados concretos.
Una red de salud que no puede frenar
Rosario tiene más de 50 Centros de Atención Primaria de la Salud y efectores de mediana y alta complejidad, entre ellos el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, los hospitales Alberdi, Roque Sáenz Peña y Carrasco, la Maternidad Martin y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemar).
Para el Ejecutivo, esa estructura exige un abastecimiento constante de medicamentos, descartables e insumos biomédicos. El proyecto plantea que el medicamento debe ser considerado un bien social estratégico y que garantizar su acceso es una “responsabilidad indelegable” del Estado.
La discusión que llegará al Concejo, entonces, no se limita a la velocidad de los trámites. También involucra cómo sostener compras de gran volumen sin que los procedimientos administrativos terminen afectando la continuidad de la atención sanitaria. Y, del otro lado, si los mecanismos de publicación y control alcanzan para que la mayor velocidad no signifique menos control sobre el uso de los fondos públicos.