Rosario en alerta: Un paro nacional golpea a un sector vital y la ciudad siente el impacto
Un silencio de cinco meses en los pagos estatales tiene al borde del colapso a instituciones y transportistas de personas con discapacidad. Este viernes, el paro nacional golpeará fuerte en Rosario. ¿Cómo llegó a este punto un sector que sostiene derechos vitales?
Un silencio de cinco meses en los pagos y aranceles congelados desatan una medida de fuerza que paralizará servicios esenciales en todo el país. Este viernes 13 de marzo, transportistas e instituciones que trabajan con personas con discapacidad realizarán un paro de 24 horas. En Rosario, la adhesión de la Asociación Provincial de Instituciones (Apridis) y los transportistas de Atraes garantiza un alto impacto en la ciudad, dejando al descubierto una crisis de financiamiento que, según los afectados, está arrasando con el sistema.
¿Qué está pasando con los pagos?
El corazón del conflicto es financiero. Desde el sector denuncian que el gobierno nacional no abona las prestaciones desde hace cinco meses. A este cese de pagos se suma un atraso del 40% en los aranceles vigentes, que no se actualizan pese a la inflación. La situación es tan crítica que muchas instituciones no pueden pagar sueldos, alquileres o incluso cargar combustible para sus vehículos.
La presidenta de Apridis, Mariel Chapero, fue contundente: “Los aranceles no permiten sostener los servicios”. Reveló que la situación es de “arrasamiento y muchísima angustia”, con sueldos impagos desde enero. “Cerrar también es un problema, no hay con qué abonar las indemnizaciones”, agregó, pintando un panorama sin salida aparente.
La respuesta oficial que no convence
Frente a los reclamos, las autoridades han respondido con pedidos de paciencia. Chapero detalló que en las comunicaciones con la ex directora de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ahora a cargo de la Secretaría de Discapacidad, les piden “que tengamos paciencia y confianza, que están trabajando para resolver la situación”. Para los prestadores, estas palabras no son suficientes. “No es posible tener paciencia y confianza si no hay una medida concreta de pago”, sentenció.
El problema se extiende más allá del Estado nacional. Obras sociales como Pami e Incluir Salud también llevan meses sin abonar los aranceles por las prestaciones brindadas, profundizando la crisis de caja de las instituciones.
Transportistas al límite: “No tienen para cargar combustible”
Para los transportistas especializados, la crisis tiene un rostro aún más dramático. Marcelo López, uno de los afectados, explicó que el arancel bajo hace años no se condice con los costos actuales. “Hay transportistas que todos los días dejan de llevar a los chicos porque no tienen para cargar combustible ni para comer. Estamos en una situación crítica y límite”, afirmó.
López describió un clima de incertidumbre total: “Los transportistas viven con la incertidumbre de no saber cuándo saldarán sus deudas. No hay fecha, nadie atiende, nadie contesta”. También criticó la inacción gubernamental: “Peleamos por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se aprobó, pero el Gobierno no la cumple”.
El verdadero costo: derechos y vidas en juego
Más allá de las cifras y los reclamos sectoriales, profesionales del área advierten sobre el impacto humano. Gabriela Fernández, coordinadora del Área de Accesibilidad de la Facultad de Psicología, pidió cambiar la perspectiva: “No se trata solamente del desfinanciamiento de un sistema de salud o del sistema de prestaciones, sino que se trata de vidas y de derechos”.
Fernández explicó el efecto dominó: “Las prestaciones permiten a las personas con discapacidad poder existir en la vida social. Sin ellas, se destruye la posibilidad de que los niños de este país accedan a una educación, se extermina la posibilidad de sostenernos en un trabajo, porque no tenemos acceso al transporte. Se reduce también la posibilidad de tener una vida autónoma”. Su conclusión fue lapidaria: “Vemos arrasada nuestra vida toda”.
El paro de este viernes 13 de marzo es la expresión más visible de un sistema que, según sus protagonistas, está al borde del colapso. Mientras las instituciones y transportistas de Rosario se pliegan a la medida, la pregunta que flota en el aire es cuánto más podrá sostenerse una red esencial sin los recursos para funcionar.