Rosario en la encrucijada: La ley contra los “trapitos” se frenó y Javkin revela el motivo oculto

El intendente Pablo Javkin salió a justificar la postergación de la polémica ley que busca prohibir a los cuidacoches en toda la provincia. Lejos de un simple trámite legislativo, el jefe comunal rosarino desnudó una realidad compleja donde se mezclan mafias organizadas y una profunda crisis social, advirtiendo que una norma penal sin políticas de contención específicas está condenada al fracaso.

Este jueves, en una rueda de prensa, Javkin se refirió al proyecto presentado por el senador Ciro Seisas, cuyo debate en la Cámara alta santafesina fue demorado. El mandatario local argumentó que la pausa es necesaria para “ajustar algunas cuestiones”, principalmente las estrategias sociales que deben acompañar a la prohibición.

¿Una ley puede resolver un problema social?

“A veces acá se cree que uno con una ley prohíbe un fenómeno social”, cuestionó Javkin. Aunque reconoció la urgencia de la norma para combatir situaciones de extorsión y grupos criminales que organizan la actividad, fue enfático en señalar la otra cara de la moneda: “tenemos una situación social de mucha gente”.

El intendente se mostró a favor del marco normativo provincial, que luego se adaptaría al municipal, y de establecer la prohibición de una actividad que calificó como extorsiva. Sin embargo, remarcó con fuerza que “la problemática abarca mucho más” que lo meramente penal.

Javkin puso números a la crisis: estimó que hoy hay una población superior a las 500 personas en situación de calle en Rosario, un universo que, si bien no es idéntico al de los “trapitos”, se mezcla y complica el panorama. La dificultad para asistir a esta población, según admitió, está marcada a fuego por los consumos problemáticos.

El obstáculo invisible: las adicciones

El jefe comunal detalló las limitaciones de los dispositivos actuales. “Tenemos refugios 24 horas, abiertos todo el año, pero en el refugio hay reglas, no se puede consumir droga, no se puede consumir alcohol”, explicó. Esta política, necesaria para el orden y la salud dentro de los centros, termina siendo una barrera.

“Hay mucha gente que no quiere ir a los refugios porque no está dispuesta a salir de esa adicción”, lamentó Javkin. Esta cruda realidad deja en claro que el abordaje integral que requiere la nueva ley demandará dispositivos específicos y un enfoque multidimensional, yendo más allá de la simple intervención policial.

Las declaraciones se produjeron durante la apertura de sobres para la segunda etapa de obras en el Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación (Ilar). Esta ampliación, de 300 metros cuadrados en la planta alta, estará destinada a atender trastornos cognitivos y del aprendizaje en un trabajo conjunto con la organización TGD Padres.

Una crítica directa al gobierno nacional

En este contexto, Javkin lanzó duras críticas contra las políticas del gobierno nacional en materia de salud y discapacidad. “Nos paramos en la necesidad de cubrir lo que Nación dejó de cubrir”, afirmó con contundencia.

El intendente describió una situación donde los municipios se ven obligados a absorber demandas que antes atendía el Estado nacional. “Los intendentes en muchas ciudades estamos afrontando desde tratamientos oncológicos de alta complejidad a toda la problemática de discapacidad, que al quedar sin cobertura de la mayoría de los planes nacionales, obviamente deriva en el sistema de salud pública”, apuntó.

Sobre el proyecto en el Ilar, que funcionará como un centro de segundo nivel para derivaciones de los centros barriales, Javkin observó: “Vemos crecer una situación de mucha demanda en relación a problemáticas que requieren tratamiento específico”. La obra tiene miras a inaugurarse en abril de 2027.