Rosario, la ciudad santafesina con más deudores: el drama de no poder pagar alquileres y expensas

Mientras la crisis económica empuja a miles de familias y empresas a endeudarse para sobrevivir, Rosario se convirtió en el departamento con mayor morosidad de toda la provincia de Santa Fe. Un informe del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) encendió las alarmas: cuatro de cada diez deudores santafesinos viven en esa zona.

¿Qué revela el informe?

Según datos de la Central de Deudores del Banco Central de junio de 2026, 137.427 personas en Rosario mantienen deudas impagas por más de 90 días, lo que representa el 41,5% del total provincial. La tasa de incumplimiento local alcanza el 17,11%, superando ampliamente el promedio santafesino del 14,29%.

El relevamiento, elaborado junto a la Fundación Friederich Ebert, también muestra que 596.408 rosarinos tienen algún crédito registrado. El monto total de esas obligaciones asciende a $2,47 billones, mientras que la deuda en mora llega a los $422.573 millones. La ciudad que gobierna Pablo Javkin concentra el 35,7% de la deuda provincial y el 42,7% del dinero en situación de incumplimiento.

La palabra de la Oficina Municipal del Consumidor

La titular del organismo, Nadia Amalevi, reconoció que el contexto nacional es “bastante complejo” para los inquilinos. “Los problemas en materia de vivienda son diversos”, señaló, y agregó: “Hay jubilados que son propietarios y hoy no pueden pagar las expensas”. La funcionaria alertó que en el último tiempo “creció la mora en el pago de alquileres y expensas”, una situación que golpea tanto a locatarios como a dueños de inmuebles.

Polémica por el desalojo exprés

En medio de esta crisis, La Libertad Avanza logró media sanción en el Senado para el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial. La iniciativa propone que los desalojos se tramiten por el procedimiento sumarísimo, más rápido que el actual, y que el locador tenga solo diez días para recibir el pago antes de iniciar la acción judicial.

Amalevi apuntó contra la iniciativa, que ahora deberá ser tratada en Diputados: “Me preocupa que prácticamente se equipara a una persona que usurpa un inmueble con un inquilino que hoy está pasando un mal momento porque se quedó sin laburo o le aumentó el alquiler”. En diálogo con Conclusión, agregó: “Las personas cada vez tienen más dificultades para pagar sus gastos corrientes y se endeudan para llegar a fin de mes, por eso esto me parece un despropósito y espero que se reviese esta situación”.

La funcionaria explicó que el proyecto acorta los plazos del proceso y permite al propietario pedir el desalojo con una caución juratoria, una declaración jurada fundada que lo hace responsable si luego el juicio no le da la razón. “Uno recibe una intimación de diez días corridos y después comienza un juicio, pero la orden de desalojo tiene que estar fundada”, detalló.