Rosario prohibió a los cuidacoches: la multa que pagarán los que organicen la actividad

El Ejecutivo de Rosario dio un paso más en el camino para eliminar a los cuidacoches de la vía pública: envió al Concejo Municipal su adhesión a la ley provincial 14.486, que prohíbe esa actividad en todo el territorio santafesino. El expediente ya está en las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control del Palacio Vasallo y necesita los dictámenes correspondientes para llegar al recinto de sesiones.

El mensaje del intendente Pablo Javkin ingresó el 17 de octubre y establece la adhesión a la norma impulsada por el senador por Rosario Ciro Seisas. La prohibición alcanza a quienes ofrezcan o dispongan espacios físicos para estacionar en la vía pública, así como su guarda, cuidado, lavado o limpieza, cuando se haga a cambio de un beneficio o retribución económica, sea voluntaria o no.

La letra chica del proyecto también reserva la atribución de permitir la actividad bajo un régimen de excepción en determinados sectores, con requisitos, condiciones, modalidades y plazos puntuales. Y faculta a los agentes municipales a pedir la intervención y el auxilio de la policía "al solo efecto de hacer cesar de forma inmediata el estado antijurídico mediante el desplazamiento de los infractores del espacio público, sin perjuicio del posterior trámite sancionatorio que corresponda".

Qué dice el nuevo régimen de sanciones

La adhesión modifica el artículo 300 del Código de Convivencia municipal e incorpora un esquema de penas graduado según el nivel de coacción o extorsión. La multa base va de 10 a 200 Unidades Fijas (UF), que se actualizan según el nomenclador equivalente a un litro de nafta súper, hoy en 2.269 pesos. A eso se suman tareas educativas y concientizadoras de 15 a 80 horas.

Las sanciones alcanzan a quienes obstruyan o alteren la fluidez o seguridad del tránsito, a quienes cometan actos extorsivos y a quien se arroque preferencia sobre el uso de la calzada o parte de ella sin autorización.

El proyecto contempla agravantes que endurecen la pena. La multa se eleva cuando se ejerza violencia o amenazas hacia personas y bienes, en zonas de estacionamiento medido, en inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos durante las dos horas previas y la hora posterior, o cuando se aproveche una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad u otras circunstancias que coloquen a la víctima en situación de vulnerabilidad. También agrava el horario nocturno, de 18 a 6, y las zonas escotar, bancaria o de edificios públicos. En esos casos la multa va de 10 a 200 UF y las tareas educativas y concientizadoras pasan de 30 a 160 horas.

El rigor es mayor si se acredita la existencia de personas que actúen como organizadores, coordinadores o responsables de la actividad: la pena sube de 20 a 400 UF y 160 horas de tareas comunitarias. En todos los casos podrá disponerse el decomiso de los elementos utilizados, como baldes, trapos o cepillos.

El capítulo social: reconversión laboral y salud

El mensaje del intendente dedica otro artículo a la prevención y la inclusión social. "En coordinación con el gobierno provincial" se implementarán acciones de reconversión laboral, inclusión social, formación y situación de salud, entre otras dimensiones que se consideren pertinentes.

Tal como había adelantado La Capital, se promoverán acciones de acompañamiento mediante la incorporación a programas de formación en oficios, emprendimientos productivos y de la economía social, el acceso a ferias y mercados y la vinculación con dispositivos de intermediación laboral y empleo existentes.

El texto vuelve a apelar al gobierno santafesino: "Se articulará con los organismos provinciales correspondientes facilitar la incorporación a los trayectos educativos obligatorios de nivel primario y secundario para quienes no hayan completado sus estudios y deseen hacerlo". Además, la estrategia de abordaje sociolaboral evaluará periódicamente el alcance y la efectividad de los instrumentos propuestos para asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos por la ley. También se deberá garantizar el acceso a programas de acompañamiento integral en materia de salud mental y consumos problemáticos, a través de la Agencia Local de Prevención y Abordaje de los Consumos Problemáticos, creada por ordenanza.

La advertencia de Chale: la reincidencia, el desafío

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, explicó que el mensaje busca aggiornarse a la ley provincial "para que la sanción sea concreta y real". También admitió que el cobro de las multas será un camino complejo y que "la normativa deberá cumplir su abordaje integral y no una simple acumulación de baldes y cepillos en decomisos".

"Esperemos que se apruebe rápido, en un desafío que será la reinserción de muchos de ellos en actividades laborales que seguramente no requieran mucha calificación y en articulación con la provincia y las direcciones de empleo y desarrollo humano de la ciudad, además de las tareas de inserción social y las educativas", amplió el funcionario.

Para Chale, una de las llaves del éxito en el cumplimiento real de la ordenanza será evitar la reincidencia o, al menos, reducir los niveles de regreso de muchos de los cuidacoches a la actividad declarada prohibida. "Parte de ello es evitar que regresen como una forma de desobediencia a la autoridad y se puedan encontrar modos de vida alternativos a cuidar unos autos en la calle. Y también comprender que existe una porción de este universo de personas que presentan consumo problemático de sustancias, falta de apego a las normas de convivencia y situaciones de marginalidad complejas para resolver estructuralmente", cerró.