Una concejala de Rosario impulsa un plan para intervenir en las casas de acumuladores compulsivos. La clave: qué pasará con las pertenencias de esas personas y quién podrá entrar a la vivienda.
El Concejo Municipal de Rosario avanza con una iniciativa para ordenar la manera en que el Estado local responde ante los casos de acumuladores compulsivos, esas personas que guardan de forma excesiva y persistente objetos, materiales o residuos en sus viviendas. El proyecto busca que la intervención no se limite a limpiar el lugar, sino que aborde las causas y acompañe a quienes atraviesan esa situación.
La propuesta, impulsada por la concejala Carolina Labayru (Unidos), apunta a articular el trabajo de las áreas municipales de salud, salud mental, asistencia social, ambiente y gestión de riesgos, entre otras dependencias, para evaluar cada caso, contener a los involucrados y reducir las condiciones que derivaron en el problema.
Cuándo se activa la intervención
El plan no se aplicará ante cualquier acumulación. Según el texto, deberán existir indicadores concretos y verificables de riesgo: insalubridad grave, presencia de roedores o vectores, accesos y vías de evacuación obstruidos, peligro de incendio o deterioro estructural.
También se contemplan los casos en que la acumulación impida usar espacios esenciales de la vivienda, dificulte seriamente el cuidado personal o del inmueble, afecte a propiedades vecinas o al espacio público, o ponga en riesgo el bienestar de animales. En todos los supuestos tiene que haber una afectación comprobable de la salud, la habitabilidad, la integridad de las personas o los derechos de terceros.
“Cuando una situación de acumulación llega a un punto crítico, hay mucho más detrás que una casa desordenada. Tenemos que entender qué está pasando y qué necesita esa persona”, sostuvo Labayru. La concejala remarcó que cada caso exige una respuesta particular: “Detrás de estas situaciones hay personas con historias y circunstancias muy distintas. Por eso no podemos responder de la misma manera en todos los casos”.
Derechos, intimidad y límites al ingreso
Uno de los ejes del proyecto es el resguardo de las garantías de las personas involucradas. Las actuaciones deberán respetar la dignidad, la autonomía, la intimidad y la voluntad de quienes habitan el inmueble, además de garantizar información clara y participación en las medidas que se planifiquen.
El texto precisa que la acumulación de objetos no puede tomarse por sí sola como un diagnóstico de salud mental ni justificar medidas compulsivas. La evaluación debe apoyarse en los indicadores de riesgo y no en juicios de valor sobre cómo una persona organiza su espacio.
En ese marco, el ingreso a una vivienda habitada requerirá el consentimiento válido del ocupante o una autorización judicial, salvo las situaciones excepcionales de emergencia previstas por la ley. La ordenanza no crea nuevas facultades para entrar por la fuerza ni habilita tratamientos involuntarios.
“Tenemos que cuidar la salud y la seguridad de la persona, pero también respetar sus derechos, sus pertenencias y su intimidad”, señaló la concejala. Cuando exista un peligro cierto e inmediato para la vida o la integridad de las personas, los organismos de emergencia deberán actuar sin esperar los trámites administrativos habituales.
Cómo funcionará el circuito de reclamos
El abordaje prevé la articulación de las dependencias municipales a través de los centros municipales de distrito. Cuando el caso lo requiera, se podrá convocar a un equipo de intervención multidisciplinaria para evaluar la situación y definir las medidas necesarias. Las áreas municipales deberán colaborar dentro de sus competencias y no podrán rechazar una presentación por considerar que corresponde a otra dependencia.
Los reclamos podrán ingresar por la línea 147, MuniBot, Perfil Digital, los centros municipales de distrito y los efectores de salud, además de las situaciones que detecte directamente el municipio. Cada presentación deberá registrarse en el Sistema Único de Atención Ciudadana (Suaci) y pasar por una evaluación inicial para determinar si corresponde intervenir, qué áreas deben actuar o si hace falta un abordaje conjunto.
“Queremos que el municipio tenga un procedimiento claro para saber cómo actuar, quién tiene que intervenir y cómo se sigue cada caso”, explicó Labayru. Y agregó: “La idea es que haya una respuesta organizada, que se pueda seguir y que no dependa de quién recibe primero el reclamo”.
Cuando el caso requiera la participación de varias dependencias se deberá elaborar un plan individual, con responsables, acciones prioritarias y criterios de seguimiento. Las tareas de limpieza o saneamiento podrán realizarse cuando sean necesarias y legalmente procedentes, pero deberán ser proporcionales y documentadas. El texto exige preservar documentos, pertenencias y bienes de valor, y fijar pautas para su resguardo y restitución.
La limpieza, por sí sola, no será considerada una respuesta suficiente: deberá estar acompañada por asistencia sanitaria y social cuando corresponda. “Una intervención no termina cuando se retiran los residuos. Tenemos que saber si se redujeron los riesgos y si la persona cuenta con el acompañamiento que necesita”, afirmó la concejala.
Seguimiento, cierre y plazo para reglamentar
Todas las solicitudes deberán tener un cierre administrativo fundado. Cuando se haya activado un equipo multidisciplinario, deberá documentarse el cierre operativo una vez cumplidas las medidas y controlados o reducidos los riesgos. Ese cierre no implica necesariamente el final de los tratamientos o acompañamientos que deban continuar, y si se reciben nuevos reclamos la situación tendrá que evaluarse otra vez.
El objetivo, según Labayru, es que la intervención también contemple a quienes viven alrededor: “También tenemos que atender los riesgos que estas situaciones pueden generar para los vecinos”.
El texto definitivo quedó reducido de 31 a 8 artículos y dejó en manos del Departamento Ejecutivo la elaboración de los procedimientos específicos. El municipio tendrá 90 días desde la promulgación de la ordenanza para reglamentarla y aprobar el protocolo operativo, que deberá definir los circuitos de actuación ordinaria y de emergencia, las responsabilidades de cada área, los mecanismos de registro y resguardo de bienes y las pautas de seguimiento y cierre.
“Necesitamos una herramienta que permita actuar a tiempo, con criterios claros y con cada área asumiendo su responsabilidad. La idea es que la intervención no termine cuando se limpia una vivienda, sino que haya acompañamiento y seguimiento para reducir los riesgos y evitar que la situación vuelva a repetirse”, concluyó Labayru.
