Rossi planta bandera contra la privatización de las fábricas militares: ¿qué propone?

El diputado nacional Agustín Rossi presentó un proyecto de ley para frenar la entrega de las cuatro fábricas militares del país a operadores privados. La iniciativa busca suspender el concurso lanzado por Fabricaciones Militares y establece que cualquier transferencia de control deberá ser aprobada por el Congreso.

Qué plantea el proyecto

La propuesta apunta a suspender el Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001, que buscaba seleccionar operadores privados, nacionales o extranjeros, para que, mediante contratos de Unión Transitoria, se hicieran cargo de la gestión, producción y comercialización de las líneas productivas de las plantas de Fray Luis Beltrán (Santa Fe), Río Tercero y Villa María (Córdoba) y Azul (Buenos Aires).

Según Rossi, las condiciones del concurso implicaban que los privados tendrían una participación mínima del 51%, mayoría en el órgano de conducción y la gestión de las operaciones, con contratos que podrían extenderse hasta 35 años. Además, el Estado se comprometería a no producir, desarrollar ni comercializar por sí mismo productos idénticos o sustancialmente similares durante la vigencia del acuerdo.

“En los hechos, esto implicaría la transferencia material del control de las cuatro fábricas militares”, sostiene el legislador en los fundamentos del proyecto.

El antecedente legislativo

Rossi recordó que el Congreso ya se pronunció en contra de la privatización de estas plantas: en 2015 derogó expresamente su declaración como sujetas a privatización y, en 2024, Fabricaciones Militares quedó fuera del listado de empresas sujetas a privatización de la Ley Bases.

“El Poder Ejecutivo no puede obtener por vía administrativa lo que el Poder Legislativo le negó por ley en dos oportunidades”, señala el diputado.

Qué busca garantizar

La iniciativa también apunta a preservar la capacidad productiva y los puestos de trabajo. Hasta que el Congreso se pronuncie, establece que el Estado deberá mantener las capacidades instaladas y no podrá disponer cierres, paralizaciones, desafectación de líneas productivas, enajenación de maquinaria estratégica o reducciones de personal técnico especializado que comprometan su funcionamiento. También garantiza la continuidad de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo.

Además, el proyecto encomienda a la Auditoría General de la Nación una auditoría integral del procedimiento y de la evolución productiva, patrimonial y de la dotación de Fabricaciones Militares desde enero de 2023. También dispone que el Poder Ejecutivo presente en un plazo de 180 días un plan de sostenimiento, modernización e inversión, con participación del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, los sindicatos y las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

La iniciativa establece que cualquier esquema de cooperación o asociación que implique transferir el control de estas fábricas deberá ser sometido al Congreso y contar con una ley especial que lo autorice.