La ruta 14 entró al nuevo esquema de peajes y en Misiones ya advierten que el costo no quedará solo en manos de los transportistas: llegaría al precio de la mercadería y hasta al pasaje del colectivo de quien nunca maneja. Qué dicen desde el sector.
La decisión del Gobierno nacional de sumar la ruta nacional 14 al nuevo esquema de concesiones privadas con peaje encendió las alarmas en Misiones. Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) sostienen que el modelo no traerá obras de fondo y sí un costo extra que terminará pagando toda la cadena productiva.
El coordinador nacional de la entidad, Ricardo Lasca, cuestionó en diálogo con Primera Edición los argumentos oficiales para justificar la medida. A su entender, el tránsito de esos corredores no alcanza para financiar inversiones de magnitud con la recaudación de las cabinas.
"Un maquillaje" en lugar de obras
“Como son rutas de bajo caudal de tránsito, no se recauda dinero para hacer obras de envergadura. Va a ser un maquillaje, como están haciendo en las otras rutas”, disparó Lasca. El dirigente advirtió que en los tramos con menos circulación la situación podría ser incluso peor.
Sus declaraciones llegaron después de que el Ejecutivo publicara el Decreto 1358/2026, que incorporó 27 rutas y accesos de distintas provincias a un nuevo proceso de concesiones privadas. La nacional 14, que cruza Corrientes y Misiones, quedó dentro de ese paquete, aunque todavía no se definieron los kilómetros a licitar ni dónde se instalarían las estaciones de cobro.
El Ministerio de Economía tiene un plazo de doce meses para convocar a las licitaciones públicas nacionales e internacionales. La Dirección Nacional de Vialidad, por su parte, deberá delimitar los sectores y supervisar los contratos que se firmen.
Para el referente de CONADUV, el problema de fondo es que el Gobierno vende las concesiones como una vía para mejorar la infraestructura sin mirar las limitaciones económicas del sistema. Con esa recaudación, dijo, se podrán hacer tareas menores de conservación, pero no las transformaciones que reducirían los costos logísticos y mejorarían la seguridad vial.
“No dan los números para hacer autovías, autopistas, evitar los choques frontales, bajar el costo de transporte en serio”, afirmó.
El costo que llega al consumidor sin auto
La mayor preocupación de la entidad pasa por el encarecimiento del traslado de la producción misionera. La ruta 14 es clave para la provincia: conecta localidades del interior y permite mover mercadería hacia otros puntos del país. Con cabinas de cobro, los costos de transportistas y empresas que dependen de ese corredor subirían.
Lasca aclaró que el golpe no queda solo en manos de quienes circulan por la ruta concesionada. Las empresas trasladan esos gastos a sus estructuras de costos y, tarde o temprano, aparecen en el precio final.
“Usted compra un producto y está pagando un peaje, usted toma un micro y en el pasaje está incluido el peaje”, explicó.
Por eso, sostuvo que la carga económica alcanzará también a quienes no tienen vehículo propio, a través de los alimentos, otros bienes y los servicios de transporte.
“Esto no es un peaje, que usted recibe una contraprestación para bajar el costo de transporte por una mejora estructural. No, es un impuesto al tránsito”, cuestionó.
Doble imposición y caminos públicos
El dirigente también objetó el régimen por considerarlo una doble imposición: los usuarios ya aportan al financiamiento de la infraestructura mediante los impuestos que gravan los combustibles. En su lectura, esa superposición contradice principios constitucionales vinculados con la libre circulación y el uso de los caminos públicos. Es una postura que CONADUV viene sosteniendo desde hace años frente a distintos gobiernos nacionales.
“Los caminos son de dominio público, no son propiedad de Milei y de Caputo”, expresó.
Además, rechazó el argumento de que el Estado no tiene recursos para sostener las obras de conservación y reclamó que los fondos del impuesto a los combustibles se destinen efectivamente al mantenimiento y desarrollo de la red vial.
El pedido de audiencias públicas
Frente al avance del programa nacional, Lasca planteó que las autoridades deberían abrir instancias de participación para escuchar a usuarios, sectores productivos y gobiernos locales.
“Me parece que deberían convocar audiencias públicas”, señaló, aunque reconoció que esos mecanismos no son vinculantes y que la decisión final queda en manos de las autoridades.
En ese marco, consideró necesario que los representantes provinciales y municipales puedan expresar su postura sobre los proyectos, sobre todo cuando las concesiones pueden modificar los costos del transporte y afectar el funcionamiento de las economías regionales.
El dirigente fue más allá y pidió una discusión de fondo sobre el financiamiento de la infraestructura nacional. Según explicó, el problema excede la cantidad de estaciones de cobro y exige una política de Estado que contemple en conjunto rutas, ferrocarriles y combustibles.
“Nunca nadie, ningún gobierno, ha propuesto una política de Estado de transporte terrestre”, lamentó.
La sombra de los años 90
Durante la entrevista, Lasca comparó el proceso que impulsa la administración de Javier Milei con el esquema que se aplicó en la década de 1990, cuando se extendió la participación privada en la explotación de corredores nacionales. A su entender, el modelo actual profundiza aquel antecedente porque suma más estaciones de cobro sin garantizar obras de gran magnitud.
Según las estimaciones que maneja la organización, la expansión del esquema podría contemplar 54 nuevos puntos de cobro, con una distancia promedio cercana a los 97 kilómetros entre estaciones en determinados corredores.
Los gastos acumulados para los transportistas, sostuvo, podrían ser considerables: algunos camiones afrontarían entre 30 y 40 millones de pesos anuales solo en concepto de peajes, según la frecuencia de los viajes, los recorridos y las tarifas. Esos valores, remarcó, deben mirarse junto con el combustible, las patentes y el mantenimiento de los vehículos.
Por último, cuestionó que el Gobierno impulse una mayor participación privada en rutas ya construidas con recursos públicos y manifestó su preocupación por una eventual reducción de las funciones de Vialidad Nacional.
