Ruta 7: el negocio millonario que se queda el privado y la pesada herencia que soportará el Estado
La Ruta 7 se entrega al privado por 20 años, pero hay una tarea millonaria que seguirá en manos del Estado. ¿Qué negocios podrá explotar el concesionario y cuánto pagarán los conductores? Los detalles que no te contaron.
Mientras el Paso Internacional Cristo Redentor acumula casi un mes de cierre por el temporal, con más de 1.500 camiones varados y máquinas viales peleando contra paredes de tres metros de nieve, la preadjudicación de la Ruta 7 a una UTE privada destapó un dato que cambia la lectura del contrato: el despeje de nieve seguirá siendo exclusiva de Vialidad Nacional durante los 20 años de concesión.
La UTE integrada por Laugero Construcciones SA, Corporación del Sur SA y Green SA se quedará con el corredor, pero la maquinaria, el personal y el costo del Operativo Invernal seguirán siendo afrontados por el Estado. Así lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la licitación, que detalla: "El Operativo Invernal estará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, para garantizar las condiciones de circulación y seguridad de todos los usuarios. Entre las principales tareas, se destaca el despeje de nieve para prevenir su acumulación en las rutas, el riego con líquido anti hielo o con solución salina, y la distribución de sal a granel para evitar y prevenir la formación de hielo sobre la calzada".
¿Qué se lleva el privado?
Mientras el Estado conserva la tarea más costosa y compleja, el concesionario asumirá el mantenimiento integral, las obras previstas, la operación de los peajes y, además, podrá desarrollar explotaciones comerciales complementarias. El modelo de la Red Federal de Concesiones está pensado para que el privado convierta la ruta en un polo de negocios.
El contrato le otorga la potestad de usufructuar toda la franja de terreno a la vera del camino. Esto incluye estaciones de servicio, paradores gastronómicos y los estratégicos Playones de Transferencia de Carga (PTC), pensados como playones logísticos seguros para que los camioneros descansen con servicios de ducha y monitoreo, como ya existe en Uspallata.
El texto del pliego especifica que "el concesionario puede destinar a actividades de explotación comercial la construcción e instalación de centros comerciales; farmacias; paradores de camiones con o sin instalaciones auxiliares de descanso, recreación y aseo; lavaderos de autos y camiones; hotelería; sucursales bancarias con y/o sin empleados; cajeros automáticos; confiterías; restaurantes y sitios de esparcimiento estaciones de servicio para automotores, unidades sanitarias, centros logísticos; depósitos fiscales; ductos diversos; redes de fibra óptica y telecomunicaciones, antenas y estaciones de telecomunicaciones, refugios de paradas de transporte público, paradores de transporte de pasajeros, entre otros".
Además, el concesionario podrá tercerizar cualquiera de estas unidades de negocio, aunque deberá hacerlo mediante licitación: "Las actividades a desarrollar y los productos y bienes que se expidan o comercialicen no estarán sujetas a condiciones monopólicas o acuerdos de exclusividad, debiendo asegurar el concesionario la participación en el tramo de distintos oferentes de servicios, bienes y productos mediante el procedimiento de licitación o concurso de precios".
¿Y la ruta?
Para quedarse con la concesión por 20 años de los 329,09 kilómetros del corredor, la UTE encabezada por Laugero presentó la propuesta más barata. La comisión evaluadora recomendó su adjudicación tras ofertar una tarifa básica de peaje para un vehículo liviano de $3.090,25 más IVA, por debajo del tope máximo de $3.966 que permitía el pliego.
En materia de recaudación, el esquema prevé duplicar las cabinas de peaje. En la etapa inicial, la UTE operará las dos cabinas históricas: Desaguadero y la del acceso al Túnel Internacional Cristo Redentor. Pero también sumará dos nuevas estaciones de cobro: una sobre la Variante Palmira y otra en cercanías de Potrerillos, bajo la modalidad Free Flow (paso dinámico sin barreras físicas).
El contrato también establece compromisos técnicos y de mantenimiento. Durante el primer año, la prioridad serán las "obras iniciales de puesta en valor", que incluyen la reparación integral de baches, el fresado para eliminar ahuellamientos y la demolición con reconstrucción de losas deterioradas en los tramos de hormigón.
A lo largo de las dos décadas, la UTE deberá hacerse cargo del reencarpetado periódico, la sustitución de antiguos pretiles de hormigón por defensas metálicas flex-beam, la renovación de la señalización vertical/horizontal y la reparación del puente sobre el arroyo Uspallata, entre otras obligaciones.
Por otra parte, aunque el Operativo Invernal -incluido el despeje de nieve- seguirá en manos de Vialidad Nacional, el concesionario deberá prestar servicios permanentes de asistencia a los usuarios, como remolque mediante grúas para despejar calzadas, móviles de seguridad vial, canales de emergencia y coordinación con las fuerzas de seguridad, entre otras prestaciones previstas en el contrato.