Rutas nacionales sin obras: el cálculo que hizo la Defensoría y que preocupa a Formosa
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Rutas nacionales sin obras: el cálculo que hizo la Defensoría y que preocupa a Formosa

La Defensoría del Pueblo de Formosa reunió a la Policía de Seguridad Vial y al Municipio para hablar de siniestros viales. En la mesa apareció un número que lo cambia todo: cuánto le cuesta al país el mal estado de las rutas nacionales.

La Defensoría del Pueblo de Formosa puso el tema sobre la mesa y no lo dejó pasar: la falta de mantenimiento de las rutas nacionales no solo deteriora el asfalto, también multiplica el riesgo de que haya muertos en la ruta. Lo hizo en una reunión interinstitucional convocada en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

Del encuentro participaron el director general de la Policía de Seguridad Vial, comisario Ramón Viera; el subcomisario Manuel Salinas, de la Delegación Vial capital; la coordinadora de Inspectores de Tránsito de la Municipalidad, Gabriela Toledo; y el coordinador y capacitador de la Escuela de Conductores, Patricio Jara. Todos fueron recibidos por el defensor del Pueblo, doctor José Leonardo Gialluca, y por asesores letrados del organismo.

Los números que alarman

Gialluca tomó datos de organismos internacionales para dimensionar el problema: en el mundo se producen alrededor de 1,3 millones de muertes anuales por siniestros viales y más de 50 millones de personas quedan con lesiones graves. Además, es la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 29 años, según la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas.

En Argentina, los registros oficiales de 2025 contabilizaron 3.255 siniestros fatales y una tasa de 8,8 fallecidos cada 100.000 habitantes. Si se toma el total estimado de víctimas mortales, que ronda las 4.060 personas por año, el promedio se traduce en entre 10 y 11 muertes diarias.

El defensor detalló además cómo se reparten las víctimas: los motociclistas concentran entre el 46% y el 50% de los fallecidos, seguidos por los ocupantes de automóviles (23%), los peatones (14%) y los ciclistas (5%). Los varones jóvenes de entre 15 y 34 años aparecen como uno de los grupos más golpeados. Cerca de la mitad de los siniestros fatales ocurre en rutas y alrededor del 60% son colisiones directas.

La infraestructura, en el centro de la denuncia

El estado de las rutas nacionales y la ausencia de inversiones para su mantenimiento, construcción y rehabilitación fue uno de los ejes más fuertes de la reunión. Los participantes no solo apuntaron a la faltante de obras: advirtieron que el problema no es la falta de recursos, sino el presunto desvío de fondos que por ley deben ir al sistema vial.

En particular, señalaron el uso de recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuya recaudación contempla asignaciones específicas para mantener y desarrollar la infraestructura de transporte. Sostuvieron que privilegiar el equilibrio fiscal reteniendo o reasignando esos fondos tiene consecuencias que van más allá del deterioro del asfalto: aumenta el riesgo para quienes circulan y encarece los costos para toda la sociedad.

Según los participantes, el mal estado de las rutas nacionales le cuesta al país hasta tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI), por el impacto sobre el transporte, la logística y la actividad económica. Y dejaron una frase que resume su postura: “Cada peso no invertido a tiempo en mantenimiento se termina multiplicando varias veces cuando las rutas ya requieren una rehabilitación completa”.

Desde la Defensoría anticiparon que seguirán impulsando acciones administrativas y judiciales para reclamar las inversiones necesarias y defender los derechos de los usuarios de las rutas que cruzan la provincia.

Prevención, controles y el después de las víctimas

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de reforzar la concientización y los controles de tránsito, porque la seguridad vial depende tanto de la infraestructura como de las conductas de quienes manejan.

Gialluca destacó la labor diaria de los servicios de emergencia y de los efectores públicos de salud que atienden a las víctimas de siniestros. Advirtió que el aumento de casos también presiona al sistema sanitario, que debe responder a múltiples demandas al mismo tiempo. Y remarcó que las consecuencias no terminan con la atención médica inmediata: las víctimas y sus familias cargan con secuelas físicas, emocionales y psicológicas que requieren acompañamiento integral.

Registros del automotor y documentación para circular

Durante el encuentro también se cuestionó el cierre de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Motovehículos, por las dificultades y la inseguridad jurídica que, según los participantes, puede generar, sobre todo en provincias fronterizas como Formosa.

Además, se recordó la documentación obligatoria para circular en moto: licencia de conducir en formato físico, cédula de identificación del vehículo en formato físico o digital a través de la aplicación Mi Argentina, y seguro obligatorio vigente con el último comprobante de pago. Sobre la cédula digital aclararon que no sirven las capturas de pantalla ni las impresiones plastificadas: el código QR debe generarse desde la app oficial en el momento del control.

Por último, el organismo pidió reforzar la fiscalización para evitar que las bicisendas y los carriles para bicicletas se usen para maniobras peligrosas, como los denominados willys. Advirtieron que esas conductas ponen en riesgo tanto a los ciclistas como a quienes usan los espacios públicos y recreativos.

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