Rutas nacionales: Soria propone un nuevo reparto del impuesto a los combustibles y apunta contra la Nación

El senador nacional Martín Soria presentó un proyecto para modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), con el objetivo de que las provincias que se hagan cargo de rutas nacionales reciban fondos garantizados para su mantenimiento. La iniciativa, que reforma la Ley 23.966, busca corregir lo que el rionegrino considera una "asimetría" entre las obligaciones que asumen los distritos y los recursos que reciben.

En los fundamentos, Soria sostiene que varios gobernadores acordaron con el Gobierno nacional financiar y reparar tramos de rutas nacionales "sin exigir" que esa delegación de gestión garantice los fondos en tiempo y forma, ni la liberación de lo recaudado por el ICL. Para el parlamentario, se trató de una "temeraria decisión" de algunas gestiones provinciales que resolvieron "quedarse con el problema" sin negociar el financiamiento necesario.

El senador advierte que, con esos convenios, "las rutas destruidas ya no serán responsabilidad del Gobierno Nacional, sino de los gobiernos provinciales que no cuentan con el presupuesto necesario". Y cuestiona que el Estado nacional transfiera obligaciones cediendo competencias "mientras retiene la caja cobrada a los contribuyentes".

Qué plantea el proyecto

La iniciativa modifica el artículo 19 de la Ley 23.966 y propone un nuevo esquema de reparto del ICL. Según el texto, la distribución quedaría así: 10,40% para el Tesoro Nacional; 15,07% para el Fondo Nacional de la Vivienda; 26,98% para las provincias; 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social; 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 7% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; 2,55% como compensación para el transporte público; y 5% para las provincias con convenios de transferencia de gestión de rutas nacionales.

El artículo 2 del proyecto establece que la distribución de esos fondos deberá hacerse "proporcionalmente en función de los kilómetros de rutas nacionales" en cada provincia, para garantizar el normal funcionamiento y la reparación de la infraestructura alcanzada por los convenios firmados entre Nación y los distritos.

Los números que preocupan

Soria acompañó la iniciativa con datos que dan cuenta de la magnitud del problema. Según el proyecto, el 73,8% de los fondos recaudados para el Sistema Vial Integrado no fueron ejecutados. Además, señala que la autoridad de aplicación mantuvo inmovilizados $1,5 billones, colocados en inversiones financieras. Con esa recaudación, estima el senador, se podrían intervenir 25.000 kilómetros de la red vial nacional.

Para Soria, los habitantes de las provincias "continúan pagando el impuesto que retiene la Nación" y, además, deberán afrontar impuestos locales para mantener las rutas cedidas. "No es aceptable ni sostenible que el Estado Nacional transfiera sus obligaciones cediendo competencias en un convenio, mientras retiene la caja cobrada a los contribuyentes", remarcó.