Micky Berardo habló de «circo mediático» y apuntó directo contra Poggi por la causa que terminó sobreseída. Pero fue un dato sobre las canchas el que encendió la polémica: lo que se dijo en los medios y lo que realmente entró al expediente no coinciden.
El exsecretario general de la Gobernación, Miguel Ángel «Micky» Berardo, apuntó contra el gobierno de Claudio Poggi por el desenlace de la causa en la que estaba imputado junto a la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez. Según su versión, el Ejecutivo provincial dejó vencer los plazos para que el expediente por las canchas de césped sintético terminara prescripto.
Esta semana, el juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, declaró prescripta la acción penal y sobreseyó a los dos acusados. La Fiscalía de Estado ya anticipó que apelará el fallo, al sostener que el requerimiento para elevar la causa a juicio se presentó en término.
El punto que define la disputa
La controversia gira en torno a la fecha de vencimiento del plazo para llevar el expediente a juicio. El magistrado la fijó para el 6 de agosto de 2026. El requerimiento acusatorio está fechado el 5 de agosto, un día antes, pero el juez consideró que no existía constancia suficiente para acreditar su presentación formal antes del vencimiento. Las defensas, en tanto, recibieron la notificación el 21 de agosto.
Berardo sostuvo que el expediente no avanzó porque la acusación no tenía pruebas suficientes para llegar a una condena. En diálogo con SanLuis24 Noticias, habló de un «circo mediático» armado para incriminar a exfuncionarios de la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
Las 22 canchas que nunca llegaron al expediente
Uno de los ejes de su descargo fue la diferencia entre lo que se difundió públicamente y lo que efectivamente se investigó. «Bazla se paseó por todos los medios nacionales diciendo que había 22 canchas fantasmas. Pero en el expediente denunciaron dos canchas, que tienen los contratos iguales que las otras 20», disparó en referencia al exsecretario de Ética Pública, Ricardo André Bazla.
La causa nació de una denuncia presentada el 15 de enero de 2024 por Bazla y el entonces secretario de Deportes, Gabriel Rivero. En agosto de ese año, Ramírez y Berardo quedaron imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación puso la lupa sobre contrataciones y adelantos de fondos para movimiento de suelo, preparación de terrenos y colocación de césped sintético. Los desembolsos bajo sospecha rondaron los 88 millones de pesos.
La discusión de fondo: qué norma debía aplicarse
Para Berardo, el corazón del conflicto pasó por la interpretación de las normas que regían los contratos. El Gobierno cuestionó que las contrataciones se encuadraran en la Ley de Contabilidad y en el régimen de contratos de prestación de servicios, y planteó que correspondía la Ley de Obras Públicas.
«Si el Gobierno tuviera certeza, tendría pruebas. Y si tuviera pruebas, las hubiera presentado. La causa tiene casi tres años», planteó. Además, remarcó que desde la denuncia solo se hizo una inspección ocular en uno de los predios, en mayo de este año.
La reunión que atribuye a una orden de Poggi
El exfuncionario relató que a mediados de agosto su abogado, Ramiro Rubio, se reunió con Santiago Calderón Salomón, integrante de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado. De acuerdo con su versión, en ese encuentro el funcionario le habría transmitido al defensor que el gobernador Poggi había dado instrucciones de no avanzar con causas contra exfuncionarios de la gestión anterior cuando no hubiera elementos suficientes para sostener las acusaciones.
Berardo también cuestionó que la Fiscalía de Estado no denunciara a la empresa contratada para ejecutar las obras y afirmó que la gestión actual recibió los trabajos terminados. «La responsabilidad de elevar la causa a juicio no es solo del Ministerio Público, también la tiene la Fiscalía de Estado», remarcó, y volvió sobre su acusación central: «El Gobierno dejó prescribir la causa».
Analizan demandar al Estado
Tras el sobreseimiento, Berardo adelantó que él y Ramírez evalúan la posibilidad de demandar al Estado por el proceso judicial que debieron atravesar.
