Sacó libros de su casa para dar clases y terminó imputado por terrorismo: piden anular todo

La Justicia federal de Rosario imputará este viernes a las 13 al docente y militante Mariano Soria por una presunta infracción al artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria. La defensa, encabezada por la abogada de la APDH Gabriela Durruty, pedirá antes que nada la nulidad absoluta de todo el expediente por considerar que se violentaron garantías constitucionales.

El caso nació de una denuncia privada del empresario Gustavo Tenembaum, dueño de la firma Cecchini, quien señaló a Soria como supuesto "cabecilla" de las protestas frente a sus locales en repudio a las acciones militares en Gaza. Lo que empezó como una presentación individual derivó, según la defensa, en un operativo estatal de escala desmedida.

De una denuncia a un despliegue antiterrorista

Durruty detalló que la investigación incluyó la convocatoria al Departamento de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, meses de escuchas telefónicas, seguimientos fotográficos, entrevistas a vecinos y dos allanamientos nocturnos autorizados de manera excepcional por el juzgado.

«Cualquier ciudadano tiene derecho a presentar una denuncia, pero lo gravísimo aquí es la reacción absolutamente desproporcionada e ilegítima del servicio de justicia», advirtió la letrada, querellante en causas de lesa humanidad.

Para la defensa, esas medidas solo se justifican en investigaciones de gravedad extrema, no en una supuesta infracción a la Ley Antidiscriminatoria. «Los allanamientos son medidas legales excepcionales que violentan derechos; reservarlas para investigar una supuesta infracción a la Ley Antidiscriminatoria mediante una brigada antiterrorista no tiene justificación alguna», sostuvo.

Qué secuestraron en el domicilio

Soria es profesor de Historia graduado en la Universidad Nacional de Rosario y da clases en escuelas secundarias de la ciudad y en dependencias del Ministerio de Educación provincial. Durante el operativo nocturno en su casa, los efectivos se llevaron material bibliográfico vinculado a su tarea docente e historiográfica sobre el conflicto en Medio Oriente, además de un arma de colección inactiva y un objeto medieval de adorno.

«Secuestraron libros de historia sobre la revolución palestina e incluso la obra de un autor víctima del Holocausto, pretendiendo utilizarlo como prueba de expresiones antisemitas. El procedimiento nos recordó a los allanamientos de la dictadura por la nula proporcionalidad y la falta de criterio técnico: veían la palabra "Palestina" y se la llevaban», enfatizó Durruty.

La pelea por el encuadre legal

La abogada cuestionó el uso de una norma surgida de las luchas populares para limitar derechos fundamentales. «La Ley Antidiscriminatoria es un logro social, pero aquí se pretende usar como un laboratorio para violentar la libertad de expresión. La jurisprudencia es clara: la libertad de expresión se protege precisamente cuando incomoda. Condenar un genocidio o repudiar acciones militares en el ámbito público jamás puede tipificarse como un delito de odio», planteó.

En la audiencia de este viernes, el equipo defensor —integrado por Durruty, Julia Giordano, Jesica Pellegrini y Federico Pagliero— presentará primero las nulidades por considerar que no se justificó la competencia de la Justicia federal ni la intervención antiterrorista. También anticipó que se opondrá de manera categórica a cualquier medida cautelar o restricción sobre la libertad de Soria que pueda pedir la Fiscalía.

El precedente que preocupa

«Si esta causa avanza, el precedente político e institucional es de una gravedad inusitada», concluyó Durruty. «Perseguir y criminalizar a ciudadanos por organizarse y expresar ideas disidentes ante una masacre transmitida en vivo al mundo nos retrotrae a un orden autoritario. Como sociedad civil tenemos la obligación de impedir que el derecho penal sea utilizado para acallar la protesta».