Sáenz bajo la lupa: las topadoras avanzaron sobre 1.300 hectáreas y las comunidades wichí no reciben respuesta

El desmonte no se detiene en el norte de Salta. Imágenes satelitales confirmaron la pérdida de 1.300 hectáreas de monte nativo en poco más de dos meses, en una zona cercana a la ruta nacional 86, dentro de la jurisdicción de Tartagal, cabecera del departamento San Martín. Las comunidades indígenas de la región denuncian que el Gobierno provincial, que conduce Gustavo Sáenz, no responde a sus pedidos de información.

La superficie arrasada quedó documentada a partir de dos tomas satelitales: la primera, del 7 de julio de este año, mostraba el monte en pie; la segunda, del 23 de septiembre, ya exhibía las 1.300 hectáreas sin cobertura vegetal. La zona afectada alberga a varias comunidades originarias.

Greenpeace difundió la documentación

La organización ambientalista Greenpeace fue la encargada de divulgar las imágenes. Junto con la Fundación Asociana y representantes legales de las comunidades indígenas, había reclamado informes sobre las tareas de desmonte más de un mes atrás. Según fuentes consultadas por la sección Salta/12, la Secretaría de Ambiente provincial todavía no dio respuesta.

Para Greenpeace, el avance de las topadoras es parte de un operativo mayor. La entidad sostuvo que en los últimos dos meses se desmontaron más de 3.300 hectáreas de bosques en tres fincas cercanas a Tartagal, con impacto directo sobre territorios y cementerios de distintas comunidades wichí.

Los tres focos identificados son: Tonono, en un terreno a nombre de Martín Morales; Alcoba, propiedad de la empresa agropecuaria Desdelsur SA, vinculada a las familias Macera y Blaquier; y Caraguatá, donde opera Estancia Tres Lagunas SA.

El testimonio de Basilia Pérez: chaguar, panales y nidos destruidos

Basilia Pérez, referente wichí que acompaña a las comunidades de la zona, registró con fotos y videos los daños que dejan las máquinas a su paso. Entre las imágenes aparecen panales y nidos destruidos, además de vegetación que quedó expuesta tras el retiro de los árboles.

Pérez también documentó el efecto del cadeneo sobre las plantas de chaguar, una especie clave para el Pueblo Wichí: con sus fibras se elaboran tejidos que forman parte de su cultura. "Nosotros que somos pueblos originarios no conocemos lo que siembran los empresarios. Y somos tejedoras de la tierra, de saberes no escritos como el chaguar… necesitamos que pare el desmonte", reclamó.

La referente apuntó además contra las fumigaciones. "Acá están muchos árboles muertos. Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones, porque después van a fumigar la cosecha que nosotros no conocemos", advirtió.

Cementerios en riesgo y la crisis del agua

Uno de los reclamos más sensibles de las comunidades es la protección de los cementerios indígenas. La coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz, alertó que en Pozo Nuevo ya se abrió una picada contigua a las viviendas, lo que despertó el temor a que el lugar quede aislado o sea arrasado por las topadoras.

A esa amenaza se suma la dificultad para acceder al agua potable. En Arenales, sobre la ruta 86, los pobladores deben recorrer unos 40 kilómetros para abastecerse. Esa situación llevó a algunas comunidades a aceptar el avance del desmonte a cambio de pozos de agua. El transporte y almacenamiento, además, se hace en bidones que antes contuvieron agrotóxicos, mientras siguen demorados los recipientes seguros donados por UNICEF.

El contexto nacional y el alerta de Greenpeace

La organización ambientalista también puso el foco en el escenario nacional. Alertó por el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras Rurales y por los proyectos que buscan flexibilizar la Ley de Bosques.

Frente a ese panorama, Greenpeace lanzó la iniciativa "República de los siete bosques" (sietebosques.org), una plataforma para canalizar la participación ciudadana y generar alertas ante nuevos desmontes.

Para la entidad, la postura oficial contradice el compromiso de Deforestación Cero para 2030 asumido en la Cumbre Climática de Glasgow en 2021. Cruz sostuvo que flexibilizar la normativa vigente solo traerá más destrucción de vegetación nativa, y que es imprescindible aplicar la ley de forma estricta e incorporar penalizaciones para frenar el avance.