Salario mínimo: la CGT y las CTA bajaron la marcha y el Gobierno insiste con un piso de $1.000.000 por convenio
Las centrales obreras desistieron de movilizarse y el encuentro tripartito se hará de forma virtual. Mientras los gremios piden acercar el haber a la canasta básica, el Gobierno empuja un piso de $1.000.000 por convenio: qué hay detrás de esa cifra.
La CGT y las dos CTA suspendieron la marcha que tenían prevista hacia la Secretaría de Trabajo para acompañar la discusión del Consejo del Salario Mínimo, que sesionó de manera virtual. La decisión, tomada por la dirigencia sindical, se conoció en medio de un nuevo intento de concertación salarial, el primero desde noviembre pasado.
En aquella oportunidad, las partes no habían logrado un acuerdo y el Poder Ejecutivo terminó fijando los incrementos por decreto para el período que va de fines de 2025 a mediados de 2026. Ahora, la convocatoria volvió a quedar envuelta en diferencias: la posibilidad de concentrarse frente a la cartera laboral generó fisuras entre los propios gremialistas, y la modalidad virtual del encuentro tripartito terminó de inclinar la balanza.
La postura oficial: un indicador con bajo impacto
Desde el ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo buscan relativizar el peso real del salario mínimo en la estructura de ingresos. Según las proyecciones técnicas de la cartera laboral, apenas cerca del 1% de la masa asalariada del país percibe un ingreso por debajo del haber mínimo. Entre los trabajadores formalizados del sector público y privado, la incidencia cae aún más: menos del 0,2%.
El haber mínimo legal está fijado en $376.600, tras un esquema de aumentos escalonados que arrancó en $334.800. Los gremios pretenden acercarlo a la canasta básica familiar, que el INDEC ubica en $1.564.716, aunque en la cúpula sindical admiten que esa cifra es inalcanzable para la postura oficial. Así, se proyecta un nuevo escenario de laudo del Ejecutivo ante la falta de coincidencia en los números.
La propuesta del Gobierno: un piso por convenio
Frente a ese escenario, los funcionarios del área laboral impulsan redirigir la discusión hacia los convenios colectivos. La idea es que cada paritaria sectorial incorpore cláusulas de ingreso básico garantizado, en lugar de concentrar el debate en la pauta general.
La propuesta oficial plantea establecer en cada convenio un salario mínimo de $1.000.000 para quienes cumplan jornada completa de ocho horas, contemplando el sueldo básico junto con adicionales y premios. Esa cláusula no alteraría las pautas de ajuste mensual que promueve el Palacio de Hacienda, que rondan el 2% mensual más sumas fijas o bonos, sino que actuaría como complemento para elevar el piso de las actividades con remuneraciones más bajas.
El Consejo del Salario Mínimo sesiona así bajo un clima de prudencia sindical y con brechas marcadas entre el reclamo por la canasta familiar y la política de techos y garantías sectoriales que promueve el equipo económico.