Salazar anticipa una reforma migratoria de Trump: qué pasará con los que no tienen papeles

La congresista republicana María Elvira Salazar sostuvo que Donald Trump podría empujar una reforma migratoria antes de dejar la Casa Blanca, y que esa iniciativa permitiría a un grupo de inmigrantes indocumentados regularizar su situación en Estados Unidos.

Sus declaraciones, difundidas por El Nuevo Herald, fueron formuladas en Miami. Allí la legisladora afirmó que el mandatario respaldará el proyecto que ella misma viene impulsando.

Qué dijo sobre el respaldo del presidente

Salazar vinculó ese pronóstico con una necesidad que, según su lectura, arrastra cuatro décadas sin respuesta: resolver el problema migratorio de fondo. Y descartó que se trate de una simple concesión personal.

“No es que lo haya convencido, sino que el presidente es un hombre inteligente y sabe que la economía depende de ello”, afirmó.

La congresista, que busca la reelección y ganó notoriedad nacional por sus críticas a las deportaciones impulsadas por Trump, explicó que el 20% del producto interno bruto estadounidense depende de cinco industrias que necesitan mucha mano de obra, buena parte de ella sin estatus migratorio regular.

“Hay una legislación, la Ley Dignidad, que estoy presentando y que es una solución equilibrada: no les concede la ciudadanía, pero al mismo tiempo les permite quedarse con una visa Dignidad”, señaló.

Además, se mostró confiada en que el proceso avance antes del final del mandato: “Sé que esto se está hablando y que, durante los próximos dos años, antes de que el presidente se vaya de la Casa Blanca, habrá una reforma migratoria que habrá resuelto un problema de 40 años”.

Qué es la Ley Dignidad y a quiénes alcanzaría

Según el comunicado de prensa de la propia Salazar, la versión actualizada del proyecto fue presentada el 15 de julio de 2025 con el número de expediente H.R. 4393. La iniciativa la impulsa junto con la demócrata Veronica Escobar, representante de Texas.

El texto se presenta como una alternativa bipartidista para modificar el sistema migratorio. Combina medidas de refuerzo de la seguridad fronteriza, cambios en los procedimientos de asilo, una salida para determinados indocumentados y respuestas a las demandas del mercado laboral.

La propuesta se ordena en cinco principios: terminar con la inmigración ilegal, actualizar el sistema de asilo, dar una solución a los indocumentados que ya viven en el país, proteger a los trabajadores y fortalecer la prosperidad y la competitividad económica.

Los requisitos del Programa Dignidad

El Programa Dignidad apunta a quienes hayan vivido en Estados Unidos más de cinco años antes del 31 de diciembre de 2020. La idea es que puedan trabajar, cumplir con sus obligaciones fiscales y obtener un estatus legal condicionado a su conducta y a su aporte económico.

Para acceder, los solicitantes deberán cumplir las leyes federales y estatales, pasar una verificación de antecedentes penales, saldar los impuestos atrasados y empezar a pagar los correspondientes sobre sus ingresos. También tendrán que hacer pagos de restitución durante el período fijado y mantener una situación legal y cívica adecuada.

Qué prevé para los dreamers

El proyecto incluye disposiciones específicas para las personas amparadas por DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Según el comunicado de Salazar, ese grupo podría recibir un estatus de residente permanente condicional por diez años y, después, una vía para ajustar su situación a la de residente permanente legal.

Ese ajuste quedaría atado a determinadas trayectorias, como la experiencia laboral, el servicio militar o la educación superior.

Frontera, tráfico de personas y asilo

La iniciativa también propone una estrategia integral para la frontera sur, con barreras físicas y tecnologías de vigilancia y detección. Suma un endurecimiento de las sanciones contra los traficantes de personas, incluidos quienes participan en la explotación sexual de menores, y penas más duras para quienes faciliten cruces ilegales.

En materia de asilo, busca acelerar la resolución de las solicitudes mediante la creación de al menos tres centros humanitarios para recibir a personas y familias que lleguen a la frontera sur. El objetivo es resolver los pedidos en un plazo de 60 días: una entrevista inicial sobre temor creíble dentro de los primeros 15 días y una evaluación posterior que permita la decisión definitiva en los 45 días siguientes.