Saloniti se defendió ante seis cargos y el Concejo terminó rechazando el juicio político

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, salió airoso este miércoles de la sesión especial del Concejo Deliberante convocada para tratar el pedido de juicio político en su contra. Después de casi cuatro horas de descargo, los concejales pasaron a un cuarto intermedio y, al retomar, rechazaron los seis cargos impulsados por una vecina.

Con el respaldo de su gabinete y la presencia del Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo, el jefe comunal desplegó expedientes, informes y antecedentes técnicos para refutar cada acusación. Afuera del edificio municipal, dirigentes de gremios como ATE y UTA, comisiones barriales e instituciones sociales se movilizaron en señal de apoyo.

En su alocución, Saloniti marcó el tono de su defensa: “No les pido que compartan cada decisión de mi gobierno, les pido rigor y que se pregunten cuál es la conducta personal que se me atribuye”.

Punto por punto: qué respondió sobre cada cargo

El primer cargo apuntaba al sistema de saneamiento y al Lago Lácar. El intendente negó un colapso generalizado y se apoyó en informes de la Cooperativa de Agua Potable. Además, detalló que hay inversiones en marcha y proyectadas por casi 1.552 millones de pesos, destinadas al tratamiento de barros, la actualización del sistema de radiación ultravioleta en las plantas PTE-1 y PTE-3 y la incorporación de filtros de tratamiento terciario para el barrio Aitue.

En cuanto a la deuda con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), explicó que la acumulación del pasivo responde a un desequilibrio registrado desde 2024 por el incremento tarifario y el traspaso del costo eléctrico de los bombeos de agua en 2022. Precisó que la comuna refinanció la deuda y detalló que, de los 286 suministros bajo análisis, 150 corresponden a alumbrado público y el resto a infraestructura social y medidores históricos.

Cerro Chapelco, Contraloría y el Plan de Ordenamiento Territorial

Sobre las actuaciones en Cerro Chapelco, el mandatario rechazó la acusación de desacato a una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia por el Convenio Colectivo. Sostuvo que la discusión jurídica de fondo no implica desobedecer la orden provisional del fuero provincial. También ratificó que el Municipio ejerció su poder de policía al paralizar movimientos de suelo no autorizados en la playa de estacionamiento el 30 de enero de 2026, un procedimiento que concluyó con la aprobación ambiental mediante la Ordenanza N° 15.593/26, dictada por el propio Concejo Deliberante.

Frente a la quinta acusación, que le atribuía obstrucción a la Contraloría Municipal, Saloniti negó haber impedido el funcionamiento del organismo. Aseguró que la mayoría de las observaciones fueron respondidas o puestas a evaluación de las áreas ejecutivas, y remarcó que las diferencias de criterio administrativo no configuran mal desempeño ni causal de destitución.

El último cargo estaba relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial y una supuesta omisión de la participación ciudadana. El jefe comunal explicó que la Audiencia Pública exigida por la Carta Orgánica Municipal se realizará cuando concluya la etapa técnica del proyecto de Código de Planeamiento Urbano y sea presentado para su sanción. Destacó que el proceso participativo previo incluyó reuniones con comisiones temáticas, juntas vecinales y colegios profesionales.