Saloniti se salvó del juicio político: qué argumentos lo blindaron en el Concejo

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, respiró aliviado este jueves: tras cuatro horas de exposición ante el Concejo Deliberante, el cuerpo legislativo no reunió los votos para impulsar su juicio político. El jefe comunal había sido denunciado por la vecina Valeria López Oronoz, quien le atribuyó seis cargos que, de prosperar, hubieran significado su suspensión.

La sesión especial, que se realizó a pedido del propio Saloniti, tuvo un solo eje: la defensa. El intendente respondió uno por uno los planteos, que incluyeron desde el sistema cloacal y la deuda con el EPEN hasta las obras en el Cerro Chapelco y el vínculo con la Contraloría Municipal. "No les pido que compartan cada decisión de mi gobierno. No les pido que dejen de controlar. Les pido rigor y, recién después de hacer ese análisis, que se pregunten cuál es exactamente la conducta personal que se me atribuye", lanzó en su alocución.

Punto por punto: la defensa de Saloniti

Sistema cloacal y Lago Lacar: el intendente aseguró que la Cooperativa de Agua Potable "aclaró públicamente el 19 de mayo que nunca había diagnosticado un colapso general del sistema" y que las plantas funcionaban con normalidad. En esa línea, diferenció entre una infraestructura exigida que necesita inversión y un sistema "colapsado". Además, destacó que se obtuvo un aporte provincial no reintegrable de $128.063.423,28, recibido en agosto de 2025, y que ya se tramita la compra de un grupo electrógeno, dos sopladores y un deshidratador de lodos para la planta que protege al lago, con una inversión estimada en 600 millones de pesos. Según sus números, entre inversiones actuales y proyectadas hay casi 1.552 millones de pesos destinados a mejorar ambas plantas.

Deuda con el EPEN: Saloniti explicó que el desequilibrio con la empresa eléctrica apareció recién en 2024 y se profundizó en 2025 por el aumento de tarifas y el crecimiento del alumbrado. Detalló que, de los 286 suministros municipales, 150 corresponden a alumbrado público y 91 a uso general, y que desde diciembre de 2019 se sumaron 82. "Estamos frente a una acumulación histórica y no frente a un sistema creado en los últimos seis años", remarcó, y aseguró que refinanciaron la deuda para pagarla sin afectar el funcionamiento diario.

Medida cautelar del TSJ y Convenio Colectivo: el jefe comunal cuestionó que se intente transformar "una discusión jurídica" aún sometida al Tribunal Superior de Justicia en una "imputación personal" de desobediencia. Preguntó, retóricamente, cuál fue la orden concreta que se le dirigió y qué acto dictó en su contra. "La responsabilidad política no puede fundarse en abstracciones", sentenció.

Obras en el Cerro Chapelco: Saloniti negó que el municipio haya abandonado el poder de policía ambiental. Relató que el 30 de enero de 2026 se detectaron movimientos de suelo sin autorización en la playa de estacionamiento y que se ordenó la paralización. "La infracción de un tercero no puede ser transformada, sin más, en prueba de que el Municipio renunció a controlar", dijo. Recordó que el proceso culminó con la Ordenanza N° 15.593/26, sancionada el 23 de abril, que dio factibilidad ambiental a la obra. Además, aclaró que el nuevo medio de elevación, los cañones de nieve y las líneas eléctricas corresponden a una licitación provincial ajena al expediente municipal.

¿Qué dijo sobre la Contraloría y la participación ciudadana?

En cuanto al cargo por su vínculo con la Contraloría Municipal, Saloniti sostuvo que "controlar no significa gobernar" y que las notas del órgano de control "fueron contestadas en su enorme mayoría", aunque algunas siguen en evaluación. Sobre la audiencia pública en el Plan de Ordenamiento Territorial, negó haberla eludido: aseguró que el artículo 59 de la Carta Orgánica exige ese paso para la aprobación de ciertos proyectos y que, una vez concluida la asistencia técnica, el proyecto de Código de Planeamiento Urbano será sometido a ese procedimiento.