Salta: 318 desalojos iniciados en 2026 y un dato que el Poder Judicial no puede responder
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Salta: 318 desalojos iniciados en 2026 y un dato que el Poder Judicial no puede responder

El número de causas de desalojo en Salta ya supera todo 2025 y 2024, pero la estadística judicial no puede decir cuántas terminaron. El caso que esperó 13 años para ejecutarse lo explica todo.

La Justicia salteña acumula 318 causas de desalojo iniciadas entre el 1 de enero y el 6 de noviembre de 2026, según la Sindicatura Interna del Poder Judicial. La cifra ya supera lo registrado en años completos: 297 en todo 2025 y 275 en 2024.

El dato, sin embargo, mide solo una parte del problema. Los registros contabilizan expedientes que ingresaron, no procesos que terminaron. Cuántas de esas causas llegaron a una sentencia o a un desalojo efectivo es una pregunta que la estadística oficial no responde.

El ritmo de las demandas

Hasta el 24 de julio se habían contabilizado 199 demandas. En los 105 días posteriores se sumaron otras 119, lo que confirma una aceleración sostenida de los reclamos por usurpaciones y conflictos por inmuebles.

La distribución geográfica también marca un patrón claro: el distrito Centro concentra 265 de las 318 causas, es decir el 83,3% del total, mientras que el interior reúne las 53 restantes.

Qué dicen desde el Poder Judicial

Consultados por los fallos y las sentencias, desde el Poder Judicial explicaron que la estadística suministrada no permite saber cuántas causas concluyen porque los procesos no necesariamente terminan dentro del mismo período en el que ingresan. Un juicio puede extenderse más allá del lapso relevado y la información disponible registra únicamente las causas iniciadas.

Esa característica explica por qué no deben compararse de forma directa los ingresos y las conclusiones de un mismo año. Los expedientes atraviesan distintos períodos y esa diferencia distorsiona cualquier lectura lineal de los números.

Las demoras que denuncian los afectados

Los testimonios de quienes reclaman por sus inmuebles describen una Justicia que, a su entender, no actúa con la urgencia que exige la privación de una propiedad. Hay decisiones, apelaciones y medidas en trámite, pero también meses y años de espera durante los cuales los propietarios deben seguir pagando.

El Ejecutivo tampoco queda al margen de las críticas. La fuente consultada por Cafayate sostuvo que las autoridades pudieron impulsar una mesa de negociación y denunció complicidad política con las ocupaciones.

Eso no elimina la responsabilidad de las autoridades. Prevenir conflictos, coordinar organismos y promover soluciones legales son tareas distintas de resolver un juicio. La independencia judicial no impide esas acciones ni libera al Ejecutivo de explicar qué hizo ante disputas que se prolongaron durante años.

Los derechos comunitarios y los de quienes reclaman un inmueble deben examinarse con pruebas y decisiones fundadas. Si corresponde una restitución, el Estado debe hacer cumplir lo resuelto. Si no corresponde, debe establecerlo y explicar por qué. Mantener el conflicto abierto indefinidamente deja a las partes sin una respuesta y permite que los perjuicios se acumulen.

Las Pailas: una orden que esperó 13 años

El caso de Las Pailas condensa el problema. La orden de desalojo se dictó en 2013 y se ejecutó en 2026. Ese intervalo necesita una explicación que solo puede surgir de las actuaciones: qué recursos se presentaron, qué suspensiones se dispusieron y cuánto demoró cada decisión.

Sin esa reconstrucción, las responsabilidades quedan diluidas y los 13 años terminan tratados como si fueran un plazo inevitable. Los propietarios pueden señalar cuándo comenzaron a reclamar y qué dejaron de hacer con sus inmuebles. Los abogados describen los gastos y las gestiones.

Del otro lado, el Estado debe explicar dónde se demoró cada causa y por qué. Después de más de una década de espera, decir que el expediente sigue en trámite ya no alcanza.

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