Salta bajo asedio: ¿por qué las viejas recetas ya no frenan el delito?

La inseguridad en Salta crece hace años y las autoridades siguen aplicando las mismas recetas que ya fracasaron en el mundo. Mientras el delito se profundiza, el sistema policial se mantiene con una estructura y métodos que no logran reducir la violencia ni devolver la tranquilidad a los vecinos. La nueva conducción del Ministerio de Seguridad provincial tiene la oportunidad de cambiar el rumbo, pero ¿estará dispuesta a hacerlo?

El último año marcó un récord preocupante: la tendencia al alza de la inseguridad se aceleró en toda la provincia. Sin embargo, las medidas adoptadas por las autoridades no parecen responder a un plan integral que ataque las múltiples causas del problema. La falta de coordinación entre los organismos del Estado y la sociedad civil deja a las familias salteñas, sobre todo a las más vulnerables, expuestas a una violencia que ya forma parte del paisaje cotidiano.

¿Qué está fallando en el sistema de seguridad?

Un análisis del funcionamiento del sistema revela que la estructura organizacional, el modelo de conducción, la comunicación, la administración de recursos humanos, el despliegue territorial y los programas implementados siguen igual que hace años. Cuando las formas de trabajo no cambian, los resultados tampoco. La seguridad no mejora, persisten las mismas dificultades y no se observa un mayor compromiso del personal policial ni una mejora en la confianza ciudadana.

Los patrullajes preventivo-reactivos, los operativos tradicionales y los llamados 'operativos de saturación' no son suficientes. La evidencia internacional lo demuestra desde hace más de cuatro décadas: estas modalidades no lograron reducir el delito de manera sostenida en ningún país. Tampoco alcanza con crear nuevas dependencias o aumentar la presencia policial en la calle, aunque las políticas sigan apuntando en esa dirección.

Tecnología: ¿la solución o solo una herramienta?

Se habla de un cambio de paradigma por la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de análisis de datos, pero la verdadera transformación no depende solo de la tecnología. Ningún avance tecnológico puede reemplazar la preparación, el criterio y las capacidades del personal policial. El cambio real solo será posible si la tecnología se acompaña de programas de formación y capacitación permanente para todos los integrantes de la fuerza.

El factor decisivo sigue siendo el capital humano, y el modelo actual lo está deteriorando. Muchos efectivos sufren desgaste físico y emocional, sienten falta de respaldo institucional, temor, desmotivación y apatía. Ese clima laboral negativo afecta el compromiso individual, debilita la cooperación interna y termina impactando en la calidad del servicio que recibe la comunidad.

La comunidad: el eslabón perdido

La participación ciudadana en la construcción de la seguridad sigue siendo limitada, a pesar de que existe consenso en que la seguridad es una construcción social. Ninguna política pública puede tener resultados duraderos sin la participación activa y organizada de la comunidad. No se trata de implementar acciones para la comunidad, sino con la comunidad. Ese cambio conceptual es clave para fortalecer tanto la seguridad objetiva como la percepción de seguridad de los ciudadanos.

¿Qué harán las nuevas autoridades?

Las nuevas autoridades políticas que asumieron recientemente la conducción del Ministerio de Seguridad de la Provincia tienen la oportunidad y la responsabilidad de impulsar una revisión profunda del sistema. Para eso necesitan un diagnóstico serio que identifique los factores que favorecen la violencia social, las adicciones, el delito y otras conductas antisociales.

La función policial implica asumir riesgos permanentes, a veces extremos. Cuando el personal percibe que no tiene respaldo institucional, su motivación y rendimiento caen, y el servicio se resiente. La inseguridad es uno de los principales desafíos de la provincia, y superarla requiere abandonar las respuestas aisladas y apostar por una política pública moderna, basada en el conocimiento, la evidencia, la profesionalización y la participación de toda la sociedad. Solo así se podrá construir una seguridad más eficaz, más cercana a la ciudadanía y sostenible en el tiempo.