Salta debate un plan para no improvisar cuando la catástrofe golpee

Un proyecto en la Cámara de Diputados de Salta busca crear un Sistema Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. La iniciativa, impulsada por el diputado Gastón Galíndez, apunta a que la respuesta ante inundaciones, sismos, incendios o sequías no dependa de la improvisación y se sostenga en una estructura permanente.

La propuesta partió del análisis en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde los legisladores decidieron seguir trabajando sobre el texto y sumar aportes antes de llegar a una versión consensuada. Todavía debe pasar por las comisiones de Seguridad y Participación Ciudadana, Obras Públicas y Legislación General.

Una emergencia se gestiona antes de que ocurra

El planteo central es que la gestión del riesgo empiece mucho antes de la emergencia. Por eso el proyecto incorpora la prevención y la planificación como ejes, y pretende que esas decisiones atraviesen el ordenamiento territorial, el ambiente, la obra pública, las inversiones estatales y las actividades productivas.

Entre las herramientas previstas aparece un Mapa Provincial de Riesgos, que permitiría identificar las amenazas en cada región y cruzarlas con la población y la infraestructura expuesta. También se propone un sistema provincial de información, un registro de infraestructura crítica y sistemas de alerta temprana multiamenaza.

Para Galíndez, la prevención debe ser considerada una inversión: los recursos destinados a identificar riesgos, capacitar personal, mantener infraestructura, hacer simulacros y desarrollar alertas pueden reducir los daños económicos y humanos y acelerar la recuperación.

El rol clave de los municipios

El proyecto coloca a las intendencias en el centro de la respuesta. Cada municipio debería contar con un comité de emergencia, un diagnóstico de sus principales riesgos y un plan de actuación. La razón es operativa: ante una emergencia, el municipio es el primer nivel del Estado que toma contacto con la población afectada y debe activar rápido los mecanismos de asistencia y evacuación.

Además, se busca una coordinación permanente entre los distintos niveles del Estado y los organismos que intervienen en una catástrofe. Para eso se propone un Consejo Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, con participación de organismos provinciales, municipios adheridos, universidades, instituciones científicas, bomberos voluntarios y entidades privadas.

Simulacros y autoprotección

La preparación no quedaría solo en manos de los organismos de emergencia. El proyecto contempla al menos un simulacro anual en escuelas, hospitales, geriátricos y edificios de concurrencia masiva, y sumar contenidos de autoprotección al sistema educativo. La idea es que la población sepa cómo actuar ante una evacuación, un incendio, una inundación, un sismo u otra situación de riesgo.

La iniciativa también pone el foco en las personas y comunidades que enfrentan mayores dificultades para evacuar o recibir asistencia, con medidas específicas para esos sectores.

En Salta, la necesidad de planificar está atada a la diversidad geográfica y climática. Los riesgos no son iguales en la Puna, los Valles, el norte o el este, ni se presentan de la misma manera a lo largo del año. A los movimientos sísmicos se suman lluvias intensas, crecidas, incendios, vientos, heladas y sequías.

En ese contexto, tener información actualizada es tan importante como disponer de equipamiento y personal. Saber qué puede pasar, dónde, a cuántas personas podría afectar y con qué recursos se cuenta permite pasar de reaccionar después del desastre a anticiparse.

El proyecto también prevé un Plan Provincial de Gestión Integral del Riesgo y la Autoridad de Aplicación debería presentar un informe anual ante ambas Cámaras legislativas, con un mecanismo de seguimiento institucional.

Más allá del trámite legislativo, la discusión plantea una pregunta concreta para la provincia: qué capacidad tiene Salta para anticiparse a una emergencia y cómo se coordinaría el Estado cuando un desastre supere la respuesta de un solo municipio u organismo. La propuesta intenta responder con una estructura que combine información, prevención, capacitación, alertas y coordinación. El desafío, si se convierte en ley, será transformar esas herramientas en protocolos que funcionen cuando llegue el momento de usarlos.