Salta en llamas: el tope de 15 años para menores homicidas que casi nadie quiere
La ley que fijó un techo de 15 años para menores condenados por homicidio ya está vigente y los abogados defensores afilan los pedidos de revisión. En Salta, un sondeo exclusivo midió el malestar: la mayoría no está dispuesta a aceptar que el límite quede así. ¿Qué pasará con las condenas que ya superan ese tope?
La entrada en vigencia del Nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) desató una fuerte polémica en Salta. La norma, que reorganiza cómo se juzga a los adolescentes que cometen delitos, estableció un límite máximo a las penas que se pueden aplicar. Y ese techo, según una encuesta exclusiva de Que Pasa Salta, es rechazado por casi la mitad de los salteños.
Qué dice la ley que encendió la polémica
El Nuevo Régimen Penal Juvenil busca reestructurar el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes y fijó un tope estricto a las condenas máximas. Para los especialistas en criminología del fuero local, la medida podría provocar un verdadero sismo judicial: abogados defensores ya estarían preparando pedidos para reducir condenas de acusados por hechos gravísimos.
El enojo de los salteños, en números
El sondeo realizado por este medio reveló un rechazo masivo al nuevo tope de condena. Un 46% de los encuestados considera completamente injusto que un menor imputado por homicidio reciba como techo únicamente 15 años de prisión, y exige penas mucho más severas para quienes quitan una vida.
La encuesta también mostró una sociedad dividida. Un 34% se mostró a favor del límite de 15 años, argumentando estrictamente la condición de menor de edad del imputado. El 20% restante adoptó una postura intermedia: sostuvo que el tiempo tras las rejas debería evaluarse únicamente según la gravedad y la saña del crimen cometido.
El temor a una ola de revisiones de condenas
La mayor preocupación entre especialistas y vecinos pasa por los efectos inmediatos de la ley. Al establecerse un tope máximo, los casos antiguos o las sentencias en curso que superen ese plazo deberán adaptarse a la nueva normativa. Eso abre una ventana para que detenidos por robos calificados y asesinatos logren rebajas sustanciales en sus penas.
El debate está más encendido que nunca en la provincia. La ciudadanía exige respuestas más firmes de la justicia y teme que las reformas terminen traduciéndose en una sensación de impunidad en las calles.
