Salta expuso en el Congreso y reveló qué pasa con miles de trámites de pensiones por discapacidad

La Subsecretaría de Discapacidad de Salta llevó su voz al Congreso de la Nación y puso sobre la mesa una realidad que afecta a miles de familias: la demora en la resolución de pensiones no contributivas por invalidez. De los 90.791 trámites iniciados desde enero de 2024 en todo el país, el Estado nacional solo resolvió 10.374, dejando 80.417 expedientes paralizados. El dato lo aportó la directora del área, Isabel Soria, durante el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco del debate por la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y el análisis del Presupuesto 2027.

"Estamos hablando de más de 80.000 personas en todo el país que hoy continúan a la espera de una respuesta del Estado. Detrás de cada expediente hay familias que dependen de este ingreso básico para asegurar su subsistencia y el acceso elemental a la salud", remarcó Soria ante los legisladores. La funcionaria exigió precisiones sobre cuántos de esos trámites pendientes corresponden a Salta, con qué tiempos de demora y en qué instancia administrativa se encuentran.

El impacto en Salta

En la provincia, cerca de 65.000 personas cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, el padrón del Programa Incluir Salud registró 39.973 beneficiarios, de los cuales 32.472 —el 81,2 %— son titulares de pensiones no contributivas por invalidez. "Cuando hablamos de discapacidad estamos hablando también de protección social, de salud y de ingresos familiares", enfatizó Soria.

La funcionaria no solo planteó demandas: también mostró las estrategias que Salta implementa en zonas donde la distancia geográfica es una barrera estructural. Destacó el avance de la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), operativa desde febrero de 2025 de manera quincenal en Santa Victoria Este y extendida con operativos mensuales a Rivadavia Banda Sur. Allí, equipos interdisciplinarios realizan evaluaciones funcionales, kinesiología, fonoaudiología, nutrición, traumatología, salud mental y adaptación de equipamiento directamente en las comunidades.

En Santa Victoria Este, este abordaje permitió evaluar a 78 personas de entre 0 y 76 años —el 64 % niñas, niños y adolescentes—, entregar y adaptar 41 ayudas técnicas, confeccionar 12 moldes (9 para órtesis y 3 para prótesis) y capacitar a familiares y agentes sanitarios en el manejo de sillas de ruedas y la confección de almohadones antiescaras.

Agenda federal y reclamo

Soria también resaltó el fortalecimiento de los recursos humanos locales: el Centro Provincial de Rehabilitación Física (CePReFis) cuenta en 2026 con unos 50 profesionales de múltiples disciplinas, unidades especializadas y un taller propio de prótesis y órtesis. A esto se suma la reciente capacitación de 750 integrantes de equipos de salud y disciplinas afines en una jornada provincial.

Hacia el cierre, la representante salteña formalizó una agenda federal de cinco puntos prioritarios: acceso a información nacional desagregada por provincia, fortalecimiento y financiamiento del Programa Incluir Salud, adopción de una política federal de rehabilitación basada en la comunidad, consolidación de redes y talleres locales de tecnología de apoyo y reparación de equipamiento, y un plan continuo de formación de recursos humanos en territorio.

"La discapacidad no puede depender del código postal. Una persona que vive en Santa Victoria Este, en Rivadavia Banda Sur, en una comunidad originaria o en un paraje alejado tiene los mismos derechos que quien vive en el centro del país", concluyó Soria, al instar al Estado nacional a garantizar los presupuestos establecidos por la Ley 27.793 y los compromisos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Fuente: Sec. Prensa Salta