Salta: familias indígenas denuncian que les dan 25 días para demoler sus casas y responsabilizan a Sáenz

Más de medio centenar de familias de la Comunidad Indígena Lule en Finca Las Costas, Salta, recibieron notificaciones para demoler o retirar sus viviendas en un plazo de 25 días, en el marco de un conflicto territorial que escaló tras la cesión de casi nueve hectáreas al Tigres Rugby Club. La referente del grupo, Nicole Esquivel, denunció que el Gobierno de Gustavo Sáenz no dio respuestas concretas a sus reclamos.

"El conflicto comenzó en noviembre de 2025, cuando el Concejo Deliberante le condonó una deuda multimillonaria a un club privado, el Tigres Rugby Club, para cederle nueve hectáreas de nuestro territorio", afirmó Esquivel a El Destape. La vocera agregó que aún no les informaron "cuál es el monto de la deuda que le condonaron".

Según el relato de la comunidad, las familias se enteraron de la aprobación del proyecto a través de la página oficial de la Cámara de Diputados de Salta. "Después se aprobó en el Senado y fue ahí cuando comenzó toda esta persecución", sostuvo Esquivel.

El conflicto por las tierras

La Ley Provincial 8543 autoriza al Poder Ejecutivo a conceder por 25 años el uso de 88.756,16 metros cuadrados —casi nueve hectáreas— a Tigres Rugby Club para actividades sociales, deportivas y recreativas. La comunidad cuestiona que el proceso avance sin una consulta formal, libre, previa e informada a las familias indígenas.

El número de afectados creció con el correr de las notificaciones. Esquivel explicó que inicialmente fueron intimadas 25 familias, pero la cifra se amplió después de que el intendente de San Lorenzo presentara un informe ante la jueza con otras viviendas que, a su criterio, también debían demolerse.

"Somos más de 70 familias en total. Inicialmente, fueron notificadas 25 familias, pero esto puede afectar a muchas más", advirtió la referente, y precisó que "se notificó a más de 54 familias hasta ahora".

Plazos y temores

La comunidad también cuestiona la forma en que se entregan los avisos. "El modus operandi que usan acá es notificar tarde. Por ejemplo, la notificación tiene una fecha de hace dos semanas, pero te la entregan una semana antes de que venza el plazo. Las familias tienen 25 días para demoler sus casas", denunció Esquivel.

Las notificaciones están a cargo de un juez de paz de Vaqueros, una localidad distinta de San Lorenzo. El temor de las familias es que las intimaciones terminen con el ingreso de maquinaria y la destrucción de sus viviendas. "En el peor de los casos, que nos pasen las topadoras. Ese sería el peor escenario", expresó la referente.

Esquivel describió la incertidumbre que atraviesa la comunidad: "No sabemos si en algún momento nos van a pasar la topadora por encima. No sabemos si en algún momento van a venir las personas de Tigres con los camiones y van a acaparar las nueve hectáreas. Tampoco sabemos si van a venir otras máquinas y van a ocupar todo el terreno para hacer la nueva ruta del kilómetro 5".

El silencio del Gobierno provincial

Uno de los principales cuestionamientos apunta al Gobierno de Sáenz. Esquivel afirmó que, pese a los reclamos y la documentación presentada, no recibieron una respuesta concreta. "La verdad es que de parte del Gobierno provincial no tuvimos ninguna respuesta", aseguró.

La referente relató que hubo un contacto a través de las redes sociales, después de que una integrante de la comunidad comentara una publicación oficial. Desde esa cuenta les pidieron que enviaran la documentación del amparo para conocer la situación. "Pero no tuvimos respuesta hasta el día de hoy. Eso fue hace unos cinco días", señaló.

La comunidad sostiene que cuenta con una medida judicial de no innovar dictada por Cristina Villagrán, de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Según Esquivel, en el territorio hay carteles blancos colocados por orden de la jueza y las viviendas existen desde hace muchos años, aunque algunas familias ampliaron sus construcciones por necesidades habitacionales.

La apuesta a la Justicia

Esquivel señaló que la comunidad decidió recurrir a la Justicia y presentó acciones contra la Provincia y la Municipalidad de San Lorenzo. "Como hicimos una manifestación y buscamos las vías legales, porque llevamos a juicio tanto a la Provincia como a la Municipalidad de San Lorenzo, comenzó esta persecución", denunció.

La vocera también atribuyó el conflicto a presuntas presiones políticas y señaló a actores vinculados con La Libertad Avanza en el municipio. Además de las intimaciones, denunció episodios de violencia y hostigamiento, entre ellos el caso de una mujer embarazada.

Esquivel describió otro incidente que habría afectado a una familia dedicada a la cría de animales. Según contó, una pareja utilizó un dron para perseguir ovejas en los cerros y cuatro animales se perdieron: "Nosotros tenemos familias ganaderas y agricultoras. Vivimos de la ganadería, del pastoreo y de las comidas regionales, como las humitas. Ese es el sustento de nuestros hogares, así que perder un animal para nosotros es súper importante".

Una reserva clave para el agua de Salta

El conflicto tiene una dimensión ambiental que excede la disputa por las viviendas. Finca Las Costas cumple una función estratégica como cuenca productora de agua potable para la ciudad de Salta. En 1995, mediante el Decreto 2327, el Gobierno provincial le otorgó el carácter de Reserva Permanente e Intangible. La protección fue reafirmada en 1998 y, en 2007, el territorio fue declarado Reserva Natural de Uso Múltiple.

Ese marco vuelve especialmente relevante cualquier discusión sobre el uso de la tierra y las intervenciones que podrían realizarse en el área. La disputa enfrenta la titularidad registral que reivindica la Provincia con los derechos constitucionales sobre el territorio que sostiene la comunidad indígena.

La comunidad, por su parte, cuestiona que se la responsabilice por la contaminación de las napas subterráneas. Esquivel afirmó que estudios realizados por Ullumcha Saravia habrían identificado a barrios privados como responsables del problema y no a las familias Lule.