Salta fue al Congreso por las pensiones por discapacidad: el número que dejó en silencio a los diputados

La provincia llevó al Congreso de la Nación un reclamo que lleva meses sin respuesta: más de 80 mil trámites de pensiones no contributivas por discapacidad siguen sin resolverse en todo el país, y Salta exige saber cuántos de esos expedientes le corresponden.

La exposición estuvo a cargo de Isabel Soria, directora de la Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública, ante un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La intervención se dio en el marco del debate por la continuidad de la emergencia nacional en discapacidad y el tratamiento presupuestario para 2027.

Los números que presentó la funcionaria salteña son contundentes: desde enero de 2024 se iniciaron en el país 90.791 trámites de pensiones no contributivas por invalidez. De ese total, apenas 10.374 fueron resueltos. Es decir, 80.417 expedientes permanecen pendientes de resolución.

“Estamos hablando de más de 80.000 personas en todo el país que hoy continúan a la espera de una respuesta del Estado”, sostuvo Soria ante los legisladores.

La representante salteña no se quedó en la queja general: pidió precisiones concretas. Quiere saber cuántos de esos trámites corresponden a Salta, cuánto tiempo llevan demorados y en qué instancia administrativa se encuentra cada expediente.

Casi 65 mil personas con CUD en Salta

Durante la exposición también se presentaron datos de la provincia. Según informó Soria, Salta cuenta con cerca de 65.000 personas registradas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

A su vez, el padrón provincial del Programa Incluir Salud registra 39.973 beneficiarios. De ese total, 32.472 —el 81,2%— son titulares de pensiones no contributivas por invalidez.

“Cuando hablamos de discapacidad estamos hablando también de protección social, de salud y de ingresos familiares”, expresó la funcionaria.

El trabajo en zonas alejadas

La exposición incluyó además el modelo de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) que la provincia desarrolla en sectores donde la distancia dificulta el acceso a los servicios.

La estrategia funciona desde febrero de 2025 de manera quincenal en Santa Victoria Este y también se realizan operativos mensuales en Rivadavia Banda Sur.

En Santa Victoria Este, de acuerdo con los datos presentados, fueron evaluadas 78 personas de entre 0 y 76 años, se entregaron o adaptaron 41 ayudas técnicas y se confeccionaron 12 moldes para órtesis y prótesis.

Soria destacó además que el Centro Provincial de Rehabilitación Física (CePReFis) cuenta este año con aproximadamente 50 profesionales y un taller propio para prótesis y órtesis.

Los pedidos que Salta llevó al Congreso

Hacia el cierre, la funcionaria planteó una agenda que incluye el acceso a información nacional discriminada por provincia, el fortalecimiento del Programa Incluir Salud, una política federal de rehabilitación comunitaria, redes locales para reparación y provisión de equipamiento y capacitación permanente de los equipos que trabajan en territorio.

“La discapacidad no puede depender del código postal”, sostuvo Soria al referirse especialmente a las personas que viven en Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Sur, comunidades originarias y parajes alejados.

Actualmente, la Ley 27.793 declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga, y en Diputados se encuentra en tratamiento una iniciativa para extenderla hasta fines de 2027.