Salta implementa el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia para los menores desde este sábado

Desde este sábado 5 de septiembre, Salta pondrá en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años. La provincia cuenta hoy con 102 adolescentes dentro del sistema, según reveló el secretario de Justicia, Javier Mónico.

De ese total, 84 están bajo el Instituto Especializado de Abordaje Territorial, en un sistema abierto con medidas socioeducativas, mientras que los 18 restantes permanecen alojados en establecimientos especializados.

¿Dónde están los menores alojados?

Mónico detalló en diálogo con Hora de Voces (FM Ya 91.3) que los 18 adolescentes se reparten entre Castañares (2), Orán (8), Metán (5) y Cerrillos (3). Pese a la incertidumbre que genera la incorporación de chicos de 14 y 15 años, el funcionario aseguró que "hoy el sistema penal juvenil no está en crisis".

La nueva normativa, establecida por la Ley Nacional 27.801, se aplicará a los hechos cometidos desde este sábado. Uno de sus ejes centrales es que la privación de la libertad no sea la primera respuesta ante un delito cometido por un adolescente.

"El principio de la ley no es la pena de encierro, sino que busca priorizar otro tipo de medidas socioeducativas y medidas alternativas a la pena de cumplimiento efectivo", señaló Mónico, quien agregó que el objetivo será trabajar especialmente en la reinserción social del menor.

¿Cómo funcionará el nuevo esquema?

Entre las novedades aparece la figura del supervisor, que podrá ser un psicólogo, trabajador social u otro profesional encargado de realizar entrevistas, informes y un seguimiento periódico de los adolescentes sometidos a medidas alternativas.

Para cubrir esos puestos, Salta evalúa utilizar profesionales que ya trabajan en el Instituto Especializado de Abordaje Territorial, coordinar recursos con los municipios del interior y crear un registro de supervisores que puedan ser convocados por la Justicia.

Además, la Secretaría de Justicia propuso implementar un plan piloto durante los primeros 12 meses. Ese período permitirá evaluar indicadores y determinar si hará falta incorporar profesionales, fortalecer establecimientos del interior o ampliar otros recursos.

Mónico admitió que hay expectativa pero también incertidumbre sobre el impacto de la reforma. Por eso, ya se realizaron reuniones entre la Secretaría de Justicia, la Corte de Justicia, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad para coordinar la puesta en marcha del nuevo esquema en la provincia.