Salta: La desesperada medida legal a la que recurren trabajadores para escapar de sus deudas

Una ola silenciosa de trabajadores en relación de dependencia está tomando una decisión extrema en los tribunales salteños: pedir su propia quiebra personal. Lejos de ser empresarios, son empleados públicos y privados, muchos entre 30 y 50 años, que no tienen casa ni auto a su nombre pero sí deudas que los ahogan. La jueza Victoria Ambrosini confirmó que su juzgado ya lleva 40 expedientes en lo que va del año, proyectando una cifra alarmante para 2026.

La tendencia, que comenzó a notarse alrededor de 2018, tuvo un pico significativo el año pasado y todo indica que se repetirá. Según la magistrada del Juzgado de 1ra. Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades de 2da. Nominación, al duplicar la cifra de su despacho con la del otro juzgado provincial, se anticipa un escenario similar al de 2025, cuando los casos superaron los 300 en toda la provincia.

¿Quiénes son los que piden la quiebra?

El perfil rompe con el estereotipo tradicional. “Son personas que están trabajando, en relación de dependencia, tanto en el ámbito público como privado, pero que no poseen bienes registrables a su nombre”, explicó Ambrosini. “No tienen casa, no tienen auto”, agregó, describiendo a una franja de la población en edad activa que, sin embargo, se encuentra financieramente quebrada.

No existe un monto promedio de deuda, ya que cada situación es particular. Lo que sí se repite es el origen del problema: deudas de consumo que se vuelven impagables, frecuentemente iniciadas con el uso de tarjetas de crédito y agravadas con préstamos personales para intentar tapar otros compromisos.

Un proceso legal inadecuado para una realidad crítica

La jueza fue clara al señalar la paradoja legal. “La quiebra es un proceso donde se liquidan bienes, y estas son personas que la piden y no tienen bienes”, advirtió. Este mecanismo, diseñado para liquidar patrimonios y pagar a acreedores, se usa de forma atípica por quienes carecen de bienes que liquidar.

Pese a ello, el trámite sigue su curso. Interviene un síndico que analiza el patrimonio y las deudas. Para quienes tienen un salario, suele disponerse un embargo de hasta el 20% de sus ingresos. Sin embargo, el resultado es magro para los acreedores. “Los que cobran muy poco, casi nada, son los acreedores”, señaló la magistrada, aclarando que, al menos en sus expedientes, se logra cubrir los honorarios del síndico.

Ambrosini descartó la “mala fe” en la mayoría de los casos. “Esta es una situación, una circunstancia en la que se encuentra un sector de la población que recurre a esta herramienta legal que encontró porque le sirve, aunque no es la legislación más apropiada para eso”, hizo hincapié.

Un sistema judicial bajo presión y la necesidad de un cambio

El crecimiento exponencial de estos casos está tensionando al sistema judicial salteño. La jueza remarcó que prestar el servicio hoy requiere un esfuerzo extra para todo su juzgado y planteó una necesidad urgente: reformar la ley nacional de quiebras.

El planteo es crear un procedimiento específico y más ágil para estas “quiebras de personas sin bienes”, que hoy deben encorsetarse en una normativa que no fue pensada para ellos. Mientras tanto, la recomendación para la ciudadanía es una sola en un contexto económico complejo: evitar endeudarse más allá de lo estrictamente posible para no llegar a esta instancia límite.

Curiosamente, este fenómeno no se replica con la misma fuerza en el ámbito empresarial. La jueza Ambrosini aclaró que no se registra un incremento importante en los concursos o quiebras de empresas o PyMEs en la provincia, marcando una clara diferencia con la crisis que atraviesan los individuos.