Salta: profesionales denuncian que la Caja Previsional "no tiene futuro" y exigen su derogación

Los profesionales de Trabajo Social y Nutrición de Salta redoblaron su reclamo para que la Cámara de Senadores trate la derogación de la Ley 8444/24, que creó la Caja Previsional para ambos rubros. Tras un año y medio de protestas, aseguran que "solo falta la decisión política" para eliminar un sistema que consideran inviable.

¿Qué piden los profesionales?

La trabajadora social Bettina Gómez, referente de los autoconvocados, explicó que presentaron ante la Legislatura un acta del Colegio Profesional, firmas de matriculados, fundamentos técnicos y un informe actuarial elaborado por un especialista de Buenos Aires que concluye que la Caja no tiene sustentabilidad financiera. "Presentamos evidencia científica y técnica. Lo que pedimos es que el Senado trate el proyecto de derogación porque la ley obliga a los profesionales a permanecer en un sistema que no tiene futuro", sostuvo.

Inicialmente, el senador Enrique Cornejo impulsó un proyecto para modificar la norma y transformar el aporte obligatorio en voluntario. Sin embargo, tras analizar la documentación, se decidió avanzar con una iniciativa de derogación total, que ya ingresó formalmente a la Cámara Alta. "Los senadores nos escucharon y entendieron que el problema no era solo corregir algunos artículos, sino que el sistema en sí es inviable", manifestó Gómez.

Críticas al proceso de creación

Los autoconvocados cuestionan que la aprobación de la ley no contó con una participación amplia de los matriculados. En Trabajo Social solo votaron 46 profesionales sobre un padrón de casi 600, mientras que en Nutrición participaron 22 de más de 800. "No se agotaron las instancias de participación para una decisión que compromete toda la vida laboral y previsional", señaló Gómez.

Además, reunieron casi 3.000 firmas de ciudadanos y expusieron la situación ante el Defensor del Pueblo. "Nosotros ya hicimos todo el recorrido institucional posible. Ahora la decisión está en manos del Senado", remarcó.

Deudas millonarias y abandono de la profesión

La ley alcanza a todos los matriculados de ambas profesiones en la provincia. Los aportes obligatorios oscilan entre $60.000 y $170.000 mensuales, según la categoría, aun cuando muchos ya aportan al SIPA o al monotributo. Como consecuencia, numerosos profesionales acumulan deudas superiores a los $2.000.000 por negarse a pagar, y la Caja ya envió intimaciones por correo electrónico y WhatsApp.

El impacto económico llevó a muchos a abandonar el ejercicio profesional. "Hay colegas que dieron de baja la matrícula porque no podían afrontar los costos y hoy trabajan como Uber, electricistas o en otras actividades", denunció Gómez. Además, los nutricionistas deben afrontar alquileres, seguros de mala praxis e impuestos.

Otro punto crítico: la ley obliga a entregar la matrícula al jubilarse, impidiendo seguir ejerciendo, y la Caja no brinda cobertura médica, por lo que los aportantes siguen dependiendo del sistema nacional u otras obras sociales.

Una norma que nació con falencias

La Caja Previsional comenzó a funcionar en febrero de 2025, pero según los profesionales, la proyección utilizada solo contempló un horizonte de 20 años, cuando un régimen jubilatorio requiere al menos 30 para evaluar sustentabilidad. Tampoco consideró variables demográficas como el envejecimiento poblacional.

Frente a esto, contrataron a un actuario que elaboró un informe concluyendo que la Caja carece de viabilidad financiera. Con esa documentación, insisten en que la única solución es la derogación de la ley para evitar que se agraven las consecuencias económicas y laborales.