La Cámara de Diputados de Salta aprobó la prórroga de la emergencia hídrica y ahora define el Senado. El debate dejó un dato que afecta directo al bolsillo y a la vida cotidiana de miles de familias: el único voto en contra y las condiciones que se vienen.
La Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción este martes a la prórroga de la Ley de Emergencia Hídrica, tras un debate que se estiró casi cuatro horas y que dejó al descubierto fuertes diferencias entre oficialismo y oposición. El proyecto pasó al Senado y, de aprobarse, extenderá la herramienta por un año más, ya que el plazo actual vence el 2 de diciembre.
La sesión contó con la participación de alrededor de 25 legisladores, que expusieron posturas encontradas sobre una norma que rige desde 2022 y que ya fue renovada en varias oportunidades. Mientras el oficialismo insistió en la necesidad de prevenir inundaciones ante un posible fenómeno de El Niño intenso, la oposición volvió a cuestionar que la provincia acumule cuatro años de emergencia sin resolver problemas históricos de abastecimiento de agua ni de ejecución de obras.
El oficialismo apostó a la prevención
El diputado Gastón Galíndez fue el encargado de abrir el debate y planteó que la emergencia no debía limitarse a los problemas de escasez que motivaron su declaración original. Según su visión, la provincia también necesita herramientas para afrontar posibles excesos de agua y episodios de lluvias intensas, y mencionó las cuencas de los ríos Pilcomayo, Bermejo y Juramento como zonas vulnerables.
En esa línea, Laura Cartuccia defendió la prevención como principio central: “Las emergencias no se declaran para actuar cuando el daño está hecho, sino para prevenir”, afirmó. Recordó que la primera declaración se produjo en 2022 por la escasez de agua en distintas localidades y sostuvo que se trata de una problemática estructural que no se resuelve de un día para otro. También advirtió que una tormenta concentrada en pocas horas puede provocar daños importantes y que las consecuencias más graves aparecen cuando el agua empieza a bajar.
Cartuccia destacó el funcionamiento del comité de crisis creado por la Ley 5385 y explicó que la prevención no implica únicamente grandes obras, sino también limpieza de canales, planificación y coordinación de recursos. En ese marco, subrayó la necesidad de proteger el acceso al agua segura y anticiparse a las consecuencias sanitarias de las inundaciones.
Matías Monteagudo también respaldó la iniciativa y cuestionó a quienes, según dijo, opinan sin haber atravesado las situaciones críticas que afectan al norte provincial. Sostuvo que no se puede descartar la llegada de un fenómeno climático intenso y que el Gobierno debe contar con herramientas para anticiparse. Gustavo Dantur, por su parte, consideró que acompañar la emergencia significa respaldar a la población y no necesariamente al Gobierno, y vinculó la discusión con el cambio climático y las realidades geográficas diversas de la provincia.
Las críticas de la oposición
Uno de los discursos más duros fue el de Franco Lastra, de La Libertad Avanza, quien recordó que el año pasado ya había anticipado que la Legislatura volvería a discutir la prórroga. Cuestionó que desde 2022 se mantenga el mismo instrumento sin soluciones concretas y afirmó que el Ejecutivo tiene facultades para reasignar partidas, realizar contrataciones directas y actuar a través de Aguas del Norte, pero que los problemas persisten. “Venimos del 2022 con este problema. Desde ahí al día de la fecha, no hubo respuestas”, disparó.
Lastra también preguntó por el avance de las obras, reclamó informes sobre los recursos utilizados y puso en duda la necesidad de tratar el proyecto sobre tablas cuando el plazo de la emergencia aún no había vencido. Adelantó que acompañaría la prórroga porque reconoce que la crisis existe, aunque responsabilizó a la administración de Gustavo Sáenz por la falta de soluciones. “No podemos vivir de emergencia. Es momento de que Salta avance y el Gobierno haga lo que corresponda”, reclamó.
María Elena Davids cuestionó la acumulación de declaraciones de emergencia en distintas áreas y sostuvo que la herramienta se volvió una constante sin resultados visibles, lo que a su juicio debilita los controles legislativos. Eduardo Virgili, también libertario, consideró que la ley original respondió a una situación de escasez que ya se normalizó y que el problema actual no es la falta de agua en las cuencas o napas, sino la dificultad para llevarla a los hogares. “Una emergencia es para tratar una crisis”, planteó, y pidió evaluar metas y resultados de las sucesivas prórrogas.
Claudio Cancino también rechazó la continuidad de la medida y reclamó planificación. Advirtió que la iniciativa podría otorgarle al Ejecutivo facultades para utilizar recursos públicos sin suficiente transparencia ni controles.
Gauffín, el único voto en contra
José Gauffín, del Partido de la Reconquista, fue el opositor más crítico y terminó siendo el único legislador que votó en contra del proyecto. Recordó que acompañó la primera declaración de emergencia, cuando el norte provincial atravesaba una crisis real de escasez y no había suficientes posibilidades de captar agua. Sin embargo, cuestionó las sucesivas renovaciones y las calificó como una señal de incapacidad del Gobierno para desarrollar una política hídrica de largo plazo.
“Después vinieron tres renovaciones más y en cada intervención yo decía que es una declaración del gobierno de ser incapaz para planificar una política de Estado”, expresó. Puso el foco en las facultades administrativas que otorga la ley, especialmente la posibilidad de acelerar contrataciones y reducir controles. “No se puede vivir indefinidamente de esta forma con esta ley”, advirtió.
También cuestionó que se invoque el fenómeno de El Niño para justificar una nueva prórroga y reclamó inversiones planificadas en las zonas donde se conocen los problemas hídricos. Durand Cornejo coincidió con las críticas y consideró que la continuidad de la emergencia durante tantos años es una prueba de la ineficiencia del Gobierno. Además, cuestionó que no hubiera funcionarios provinciales ni especialistas en clima presentes en el recinto para explicar los escenarios que justificaban la iniciativa. María Victoria Cayo definió la renovación como un fracaso de la política hídrica y sostuvo que el Ejecutivo contó durante todo este tiempo con asignaciones presupuestarias para resolver los problemas.
Cruce por el Fondo de Reparación Histórica
Las diferencias también derivaron en acusaciones cruzadas sobre responsabilidades políticas y obras inconclusas. Un nuevo intercambio se produjo cuando Franco Lastra cuestionó a legisladores que llevan décadas en la política y los responsabilizó por no haber dado respuestas a problemas estructurales. En ese contexto, apuntó contra quienes no reclamaron con firmeza cuando se aprobó el Fondo de Reparación Histórica.
“¿Qué control hablamos si cuando era concejal, cuando se aprobó el Fondo de Reparación Histórica, no alzó la voz ni efusivamente?”, cuestionó Lastra, y extendió sus críticas a otros legisladores que, según dijo, llevan años ocupando bancas sin resolver problemas que arrastran algunas comunidades desde hace cuatro décadas.
La alusión provocó la respuesta de Patricia Hucena, quien aclaró que en aquel momento se desempeñaba como concejal y que, por lo tanto, no le correspondía intervenir en las decisiones de la Legislatura. “Yo era concejal y no me correspondía”, respondió. Además, señaló a Lara Gros para que explicara los antecedentes del Fondo y recordó que la comisión bicameral debía exigir la conclusión de las obras pendientes.
Hucena defendió la emergencia y apuntó a las comunidades del norte
Patricia Hucena fue una de las principales defensoras de la prórroga y puso el foco en las comunidades del norte provincial que todavía tienen dificultades para acceder al agua potable. Durante su intervención mostró una imagen de una obra de agua en Pichanal que, según denunció, permanece paralizada desde hace cuatro años. Sostuvo que el Gobierno nacional debía haber garantizado infraestructura de agua potable y saneamiento, y reclamó que los legisladores nacionales gestionen respuestas.
La diputada afirmó que unas 700 familias viven en la comunidad afectada y cuestionó a quienes opinan sobre la situación sin recorrer esos lugares. “La emergencia no significa resignarnos a vivir permanentemente en emergencia”, aclaró. No obstante, sostuvo que mientras las soluciones estructurales no lleguen, el Estado provincial debe mantener su presencia.
También destacó la ejecución de más de 45 pozos profundos durante los últimos años y las obras realizadas en el departamento San Martín, aunque reconoció que todavía existen necesidades pendientes. Hucena reclamó transparencia, rendición de cuentas y prioridad para las familias que no tienen acceso regular al agua. Incluso pidió que se les facture a los countries que derrochan el recurso y no a quienes ni siquiera reciben el servicio.
El cierre: felicitaciones y críticas cruzadas
El cierre volvió a tener como protagonistas a Gauffín, Lastra y Cartuccia. El legislador del Partido de la Reconquista cuestionó a quienes respaldaban la iniciativa pese a haber expresado reparos y lanzó: “Qué flojos están”, en clara alusión a los legisladores de La Libertad Avanza.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Esteban Amat Lacroix, destacó la postura de Gauffín, quien fue el único diputado que votó en contra de la prórroga, y le reconoció haber mantenido una posición coherente durante todo el debate. “Lo felicito porque fue coherente. Los diputados de la Libertad Avanza dijeron una cosa y votaron otra”, expresó Amat, en alusión a los legisladores libertarios que durante sus intervenciones habían cuestionado la continuidad de la emergencia, pero finalmente acompañaron el proyecto.
Tras la votación, el titular del cuerpo confirmó que la iniciativa había sido aprobada y que pasaba al Senado para su revisión.
