Salta quiere cerrar el cielo al narco: el proyecto que pide derribar aviones
Un interventor y una diputada salteña se cansaron de ver cómo los grandes cargamentos de droga entran por aire sin que nadie los frene. Armaron un proyecto que llegó a la ministra de Seguridad y que, si avanza, cambiaría para siempre el control del cielo en la frontera. ¿Qué proponen exactamente?
La diputada nacional por Salta, Eliana Bruno, y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, elaboraron un proyecto de ley que busca dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas jurídicas para interceptar y, como último recurso, derribar aeronaves vinculadas al narcotráfico. La iniciativa fue remitida a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
El texto se denomina "Ley de Régimen de Protección del Espacio Aéreo y Reglas de Enfrentamiento para Aeronaves Hostiles Vinculadas al Narcotráfico" y apunta a frenar el ingreso de cargamentos que, según los impulsores, pueden transportar 500 kilogramos de droga por viaje.
Controles que ya no alcanzan
Zigarán fue directo al explicar la urgencia: "Este proyecto obedece a una cuestión de sentido común porque con seguir las informaciones nos damos cuenta que los grandes cargamentos ya no se secuestran en la frontera, sino desde Tucumán hacia el sur porque los controles en Salta y Tucumán son burlados porque ingresan vía aérea".
El funcionario también se refirió al traslado de una unidad de Gendarmería Nacional que operaba en General Mosconi: "Podría significar que Salta y Jujuy ya están perdidos en esta lucha y por eso quieren llevársela a Tucumán", advirtió. Y remarcó: "Desde Salta, más allá de las cuestiones partidarias o políticas, queremos dar un mensaje claro: necesitamos una ley de derribo de las aeronaves que llevan esos grandes cargamentos de droga muy adentro del territorio nacional".
En los fundamentos del proyecto se sostiene que las organizaciones narcocriminales perfeccionaron sus métodos: vuelos a baja altura, apagado de transpondedores y pistas clandestinas no declaradas. "Las medidas de intercepción pasiva suelen ser burladas con facilidad por pilotos que operan al margen de la ley, sabiendo que las fuerzas de seguridad carecen de la autoridad legal para aplicar el uso de la fuerza letal como último recurso", señala el texto enviado a la cartera nacional.
Mulas presas, peces gordos libres
Zigarán apuntó contra la desigualdad en la persecución penal: "Tenemos que sincerar el discurso y dejar de atiborrar las cárceles de mulas, de pasadores que llevan medio kilo de cocaína mientras los grandes popes del narcotráfico trafican cientos de kilos por día".
"Esa mujer que se llena el vientre de cápsulas poniendo en riesgo su vida comete semejante locura porque está desesperada y las bandas le pagan 100 mil pesos para que cometa ese acto casi suicida. Pero a los verdaderos dueños del negocio nadie los toca", agregó.
Qué dice el proyecto sobre el derribo
El capítulo quinto define como "aeronave hostil" a toda aquella que vuele sin plan de vuelo autorizado, con el transpondedor apagado o que desobedezca reiteradamente las órdenes de interceptación y desvío. La norma prevé un protocolo gradual y obligatorio: identificación visual, comunicación radial, señales internacionales de advertencia y orden de aterrizaje forzoso.
El derribo queda habilitado únicamente como medida final y estrictamente regulada, ante el persistente incumplimiento de la orden de aterrizaje y la constatación de una amenaza inminente a la seguridad pública o a la soberanía nacional.
En sus conclusiones, la iniciativa califica al narcotráfico como "una amenaza multidimensional que no respeta fronteras ni leyes". Y agrega: "La pasividad o la insuficiencia legal frente al delito complejo equivalen a una rendición de la soberanía".
Zigarán contó que, tras elaborar el borrador, Bruno hizo correcciones con su equipo y el texto se envió tanto al Ministerio de Defensa como al de Seguridad. "Ni la diputada nacional y seguramente ningún salteño quiere que los proyectos ingresen a la cámara de Diputados y duerman, sino que se lo analice en el ámbito de los dos ministerios y que de ahí se lo envíe al Congreso para que tenga tratamiento", concluyó.