La Legislatura de Salta puso el ojo en los pedidos de alcohol a domicilio y en los locales que venden a menores: qué se analiza y qué pasa con los repartidores.
La venta de alcohol a menores volvió al centro del debate en la Legislatura salteña. En una reunión conjunta de las comisiones de Salud y de Prevención de Consumos Problemáticos de la Cámara de Diputados, legisladores y referentes del área de adicciones pusieron sobre la mesa la necesidad de regular los servicios de delivery de bebidas y de endurecer las sanciones contra los comercios que venden a chicos.
Del encuentro participó Vanina Zamora, integrante de la Coordinación Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos (CIPAC). El eje que atravesó la discusión fue uno: la facilidad con la que los adolescentes acceden hoy al alcohol, sobre todo a través de los pedidos a domicilio.
El delivery, bajo la lupa
Entre las alternativas que se analizaron aparece la chance de fijar nuevas reglas para las plataformas y comercios que entregan alcohol en la puerta de casa, sumadas a controles más duros para que las bebidas no lleguen a manos de menores.
Conviene aclararlo: no hay nada aprobado. Se trata de propuestas en evaluación. Tampoco se presentaron proyectos legislativos concretos ni se detalló cómo se controlaría a repartidores y locales. Lo que sí quedó claro es la preocupación de los participantes por reforzar la prevención y la fiscalización frente al consumo adolescente.
En esa línea, los diputados coincidieron en que las campañas de concientización, solas, no alcanzan: deben ir acompañadas de controles efectivos y de sanciones para quienes incumplen las normas de venta.
Empiezan cada vez más temprano
Zamora puso el foco en un problema de fondo: la aceptación social del alcohol, que muchas veces hace difícil dimensionar sus riesgos. Desde el CIPAC advirtieron que la edad de inicio del consumo es cada vez menor y que las consecuencias pueden ser especialmente graves durante la adolescencia.
El organismo remarcó que, al tratarse de una sustancia legal y culturalmente aceptada, hay que redoblar las estrategias de información y prevención dirigidas tanto a los jóvenes como a sus familias. Y subrayó que la intervención no puede esperar a que exista una adicción: el objetivo es detectar conductas de riesgo en etapas iniciales y evitar que un consumo ocasional termine convertido en un problema de salud.
Sumar a la Policía
Los legisladores plantearon que el abordaje no puede quedar encerrado en el sistema sanitario y que hace falta una participación coordinada de distintas áreas del Estado. En concreto, propusieron articular acciones entre Salud, Adicciones, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Salta, combinando campañas preventivas con tareas de fiscalización.
La intención es mover dos palancas a la vez: desalentar el consumo temprano y mejorar los controles para que las bebidas no lleguen a los menores.
Desde el CIPAC agregaron que el trabajo preventivo debe incluir detección temprana, acceso a tratamientos, continuidad de la atención y acompañamiento familiar.
Coordinar esfuerzos
Al cierre del encuentro, los representantes legislativos y del organismo provincial acordaron coordinar esfuerzos para poner en marcha en el corto plazo uno de los ejes del Plan Provincial de prevención de consumos problemáticos. También marcaron la necesidad de garantizar recursos específicos para las acciones preventivas y de fortalecer la capacitación de los equipos de atención.
El trasfondo es conocido en el territorio: en el interior de la provincia el consumo de alcohol es desmedido.
