Salta reglamenta la Ley Octorina: qué pasará con los crímenes de odio
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Salta reglamenta la Ley Octorina: qué pasará con los crímenes de odio

¿Qué falta para que la Ley Octorina empiece a funcionar en Salta y quién lo anunció en el Senado? La reglamentación está cerca y ya tiene lugar en el presupuesto 2027.

El senador por Iruya y titular de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Walter Hernán Cruz, confirmó que el Ejecutivo provincial está a un paso de reglamentar la Ley 8534, la norma conocida como Ley Octorina, pensada para prevenir, visibilizar y sancionar los crímenes de odio y los abusos sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos originarios.

El anuncio llegó durante su intervención en la sesión del Senado, donde el legislador aprovechó para repudiar el ataque contra un grupo de mujeres trans ocurrido en los Bosques de Palermo, en Buenos Aires. "Ninguna persona debería ser víctima de agresiones, amenazas o discriminación por su identidad, su expresión o forma de vivir", afirmó Cruz.

Una ley con participación de las comunidades

Cruz repasó cómo se armó la normativa: contó con el aporte de organizaciones civiles, sectores comunitarios, comunidades originarias, el Observatorio de Violencia y legisladores. Para el senador, ese proceso dejó un resultado poco habitual.

"Se ha logrado algo inédito, tener una incidencia en su reglamentación. Podemos asegurar con satisfacción que nuestro Ejecutivo está a punto de reglamentar esta ley", sostuvo.

Además, adelantó que la Provincia destinará los recursos presupuestarios que considere necesarios dentro del presupuesto 2027, con lo que la norma quedaría financiada para empezar a aplicarse.

El pedido de compromiso

El legislador remarcó que la ley no se sostiene solo con su sanción: para cumplir el objetivo central —evitar que haya crímenes de odio en Salta— hace falta el compromiso de todos los sectores.

"Nuestra responsabilidad es no mirar hacia otro lado. El respeto a la vida no es una cuestión partidaria", expresó Cruz, y llamó a fortalecer las instituciones para garantizar los derechos de todas las personas.

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