Salta renueva la alerta por violencia de género: la cifra de femicidios que encendió las alarmas

El Senado de Salta le dio el visto bueno a la prórroga de la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, una herramienta que vence el próximo 8 de septiembre y que el Gobierno provincial necesita para sostener los programas de asistencia y prevención. La iniciativa, impulsada por las senadoras Leonor Minetti y Alejandra Navarro, propone extenderla por dos años más y ya obtuvo dictamen favorable en comisión.

La decisión no fue tomada en un contexto tranquilo. Durante la reunión, las autoridades presentaron estadísticas que preocupan: las denuncias por violencia familiar y de género crecieron casi un 93% en 2025 en comparación con 2016, según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. En el Sistema Único de Denuncias, casi tres de cada diez casos corresponden a este tipo de situaciones.

¿Qué revelan los números?

Otro dato encendió las alarmas: en los primeros siete meses de 2026 se registraron seis femicidios en la provincia, y en agosto la cifra llegó a siete. De esta manera, en ocho meses se igualó el total de todo 2025. La demanda de asistencia también creció de forma notable: en lo que va del año ya se alcanzó el 86% de todas las asistencias brindadas durante 2025, y los requerimientos judiciales representan el 116% del total del año pasado.

La emergencia, establecida por la Ley 7.857, fue sancionada originalmente en 2014 y permitió implementar herramientas como juzgados y fiscalías especializadas, botones antipánico, equipos interdisciplinarios y mecanismos de coordinación entre distintas áreas estatales. La prórroga busca mantener esas políticas y continuar con los programas de asistencia psicológica, orientación jurídica, acompañamiento territorial y prevención.

El interior, en la mira

Uno de los principales problemas que se planteó durante el encuentro fue la pérdida de estructuras específicas en los municipios. Según lo informado, menos de la mitad de las comunas mantienen áreas de género, ya que varias fueron absorbidas por dependencias de Acción Social. A esto se suma el cese de partidas nacionales destinadas al área, lo que aumenta la necesidad de sostener los recursos provinciales y fortalecer la atención territorial.

Entre las propuestas analizadas aparece la creación de un Sistema Provincial de Acompañamiento Integral, con referentes que puedan acompañar a las víctimas durante los trámites judiciales y sanitarios, y no limitar la intervención estatal únicamente al momento de realizar la denuncia.

También se planteó profundizar la capacitación especializada de los policías, debido a que los efectivos suelen constituir el primer contacto de las víctimas con el Estado. Tras escuchar a representantes del Poder Ejecutivo y del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, las comisiones de Mujer, Género y Diversidad y de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional emitieron dictámenes favorables. El proyecto quedó así encaminado para llegar al recinto antes del vencimiento de la emergencia.