La adhesión a la ley eléctrica nacional parecía un trámite, pero en el Senado salteño encontraron la trampa: si se firma sin reservas, 36 municipios y Aguas del Norte se quedan sin su canal de cobro. Qué artículo quieren neutralizar.
La comisión de Legislación General del Senado salteño puso la lupa sobre la letra chica de la adhesión al régimen eléctrico federal. El punto que encendió las alarmas fue uno solo: si Salta firma sin reservas, el sistema que permite cobrar tasas municipales y servicios sanitarios junto a la factura de Edesa se cae de un día para otro.
Para analizarlo, los legisladores convocaron al directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp), que encabeza Carlos Saravia. El proyecto de adhesión parcial a la ley nacional 24.065 ya tiene media sanción de Diputados y ahora espera el dictamen de la Cámara alta.
Qué dice la norma que preocupa
Saravia explicó que la Nación reformuló el marco regulatorio eléctrico a través del decreto 450/2025 y luego lo ratificó con la ley 27.828 de Zonas Frías. Esas normas limitan la facturación al consumo de energía y prohíben incluir tributos locales o servicios ajenos en el artículo 40, inciso C.
El titular del Enresp sostuvo que la Constitución provincial le da a Salta competencia originaria sobre la regulación de sus servicios públicos, lo que habilita la recaudación unificada. En la práctica, 36 municipios tienen convenios para percibir tasas comunales y alumbrado público por la factura de Edesa. Aguas del Norte usa ese mismo canal para llegar a sus 330 mil usuarios, ya que no cuenta con una estructura propia de cobro masivo.
Según los datos que se expusieron en la reunión, el 96,5% de los usuarios paga los servicios y las tasas a través de las facturas que emite la distribuidora.
La ley provincial que ya protege al usuario
En Salta rige desde octubre de 2024 la ley provincial 8457, que garantiza a los usuarios el derecho a optar por el desdoblamiento de pagos. Es decir, cada boleta permite separar los rubros para abonar de manera individual el servicio que se elija.
Saravia advirtió que adherir a la norma nacional sin reservas contradiría ese marco y desarticularía de inmediato el cobro conjunto. También señaló que las disposiciones nacionales acumulan cuestionamientos judiciales y fallos contrapuestos.
El artículo 71 y la deuda de las distribuidoras
La directora Silvina Vargas sumó otro pedido: excluir el artículo 71 de la ley federal. Esa cláusula busca responsabilizar de forma solidaria a las provincias y a los propios entes reguladores por eventuales deudas que las distribuidoras contraigan con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
Vargas insistió en que el desglose de pagos está plenamente garantizado en la provincia y remarcó la necesidad de dar certidumbre legal para que los municipios no queden desfinanciados.
De la reunión ampliada participaron Dani Nolasco (presidente de la comisión), Mashur Lapad, Jorge Soto, Gonzalo Caro Dávalos, Alejandra Navarro, Diego Cari, Manuel Pailler, Juan Cruz Curá, Roque Cornejo, Luciano Elvira, Enrique Cornejo, Daniel Moreno, Manrique Burgos, Gonzalo Guaymas y Carlos Guitián. Por el Enresp, junto a Saravia, asistieron los directores Silvina Vargas y Mariano San Millán.
Los integrantes de la comisión anticiparon que el Senado seguirá con el análisis de la iniciativa para producir un dictamen alineado con la defensa de los intereses de la provincia.
