Salta tiene el porcentaje más alto del país de campos en manos extranjeras: dos departamentos superan el 59%

Salta es la provincia con mayor proporción de tierras rurales en manos extranjeras de todo el país. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, 1.766.896 hectáreas están bajo titularidad o posesión foránea, lo que representa el 11,40% de las 15.492.908 hectáreas rurales computadas en el territorio provincial.

El dato duplica con creces el promedio nacional, que se ubica en 4,97%. Pero la situación se vuelve más llamativa en dos departamentos: San Carlos y Molinos, donde la superficie rural en manos extranjeras se acerca al 60%.

San Carlos, de hecho, registra un 59,82% de su superficie rural bajo titularidad o posesión extranjera, con más de 306.000 hectáreas registradas. Una auditoría oficial realizada años atrás ya había advertido que ese departamento rondaba el 59,8%.

Qué decía la ley que quedó en el camino

El debate tiene como antecedente la Ley 26.737, sancionada en 2011. La norma fijaba un límite del 15% para la titularidad o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros, un tope que debía respetarse a nivel nacional, provincial y departamental.

La legislación también imponía restricciones vinculadas con la nacionalidad y con la cantidad de tierras que podía concentrar un mismo propietario extranjero. Sin embargo, no obligaba a vender las propiedades adquiridas antes de su entrada en vigencia, lo que permitió que algunos departamentos siguieran por encima del límite.

Nueve departamentos de Salta superan el 15% de superficie rural en manos extranjeras, según los registros oficiales.

El DNU de Milei y el fallo de la Corte

El escenario cambió con el DNU 70/2023, firmado durante el gobierno de Javier Milei. Su artículo 154 derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones sobre la propiedad extranjera de tierras rurales.

La derogación fue cuestionada en la Justicia. La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional esa medida, pero luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó ese fallo.

El máximo tribunal no se pronunció sobre si la derogación es constitucional o inconstitucional: resolvió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para hacerlo. Por ese motivo, volvió a quedar operativo el artículo del DNU que había eliminado las restricciones.

Por qué el tema preocupa en Salta

La discusión tiene una relevancia particular para Salta por las características de su territorio. La provincia cuenta con tierras productivas, recursos minerales, fuentes de agua y zonas estratégicas, además de territorios vinculados históricamente con pueblos originarios.

Por eso el debate no se limita a quién puede comprar un campo. También pone sobre la mesa qué implica que determinadas superficies rurales queden bajo control de personas o empresas extranjeras y qué relación existe entre la propiedad de esos terrenos y los recursos estratégicos ubicados dentro de ellos.

La situación adquiere especial peso en departamentos donde la participación extranjera sobre la superficie rural ya alcanza porcentajes cercanos al 60%.