Salta: uno de cada tres presos está tras las rejas por un delito que pocos imaginan

El Servicio Penitenciario de Salta difundió un informe que revela la composición de la población penal provincial y deja a la vista un dato que llama la atención: la mayoría de los internos no está detenida por los delitos que suelen ocupar los titulares.

Según el relevamiento, 1.156 personas privadas de libertad están alojadas por delitos contra la integridad sexual. La cifra representa el 30,85% del total y confirma que prácticamente uno de cada tres presos en la provincia cumple condena o atraviesa un proceso judicial por este tipo de causas.

El segundo grupo más numeroso corresponde a los delitos contra la propiedad, con 994 internos (26,53%). Le siguen los denominados otros delitos contra las personas, con 901 casos (24,05%), y los vinculados a la Ley 23.737 de estupefacientes, con 419 personas (11,18%).

Más atrás aparecen los delitos contra la libertad, con 151 internos (4,03%); las medidas de seguridad, con 46 (1,23%); la desobediencia judicial, con 44 (1,17%); los delitos contra la administración pública, con 19 (0,51%); la portación ilegítima de arma, con 15 (0,40%), y otros delitos, con apenas 2 personas (0,06%).

Superpoblación: 870 presos más que plazas

El mismo informe expone otra realidad que el sistema penitenciario arrastra desde hace años: la diferencia entre la capacidad instalada y la cantidad de personas alojadas. Actualmente, la provincia cuenta con 2.895 plazas declaradas, pero aloja a 3.765 internos. La diferencia es de 870 personas por encima de la capacidad disponible.

En términos porcentuales, la ocupación roza el 130%: por cada 100 lugares existentes hay aproximadamente 130 personas detenidas. A esa presión se suma otro dato: unas 517 personas permanecen alojadas en dependencias policiales, fuera de las unidades penitenciarias, por la falta de espacio.

La evolución histórica muestra que el problema no es nuevo. En 2002, el sistema tenía capacidad para 1.163 internos y ya alojaba a 1.574. En 2015, la capacidad había subido a 2.268 plazas, pero la población penal llegaba a 2.602. El pico se registró en 2023, con 3.967 detenidos para 2.829 plazas. Los últimos registros marcan una leve baja, pero la brecha sigue siendo enorme: en 2026, con 2.895 plazas, hay 3.765 personas privadas de libertad.

Emergencia y desfederalización

El escenario se desarrolla dentro de la emergencia penitenciaria declarada en Salta desde 2022. El propio informe menciona el crecimiento sostenido de la población penal y las limitaciones de infraestructura como factores centrales.

Entre los cambios normativos que impactaron en las cifras, el documento señala la desfederalización del microtráfico, implementada a partir de la Ley Provincial N° 7.732. Esa modificación permitió que la Justicia provincial interviniera en causas por venta minorista de drogas, lo que influyó en la cantidad de investigaciones y detenidos por estupefacientes.

El informe también repasa las observaciones del Comité contra la Tortura, que en los últimos años alertó sobre las condiciones de detención en las cárceles salteñas.