Saltaba la reja de Tribunales y amenazaba con matar: la Justicia tomó una decisión con Celeste

La Justicia tucumana dispuso cuatro meses de prisión preventiva para Celeste, una mujer trans de 33 años acusada de una serie de incidentes en el Palacio de Tribunales, la Asistencia Pública y la vía pública. La imputación incluye entorpecimiento del funcionamiento de organismos públicos, agresiones a efectivos policiales y exhibicionismo.

La medida surgió a partir de una presentación del auxiliar fiscal Elías Acuña, de la Unidad Fiscal Criminal I que conduce Mariano Fernández. El pedido se sustentó en denuncias de policías, del personal de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y de la directora de la Asistencia Pública.

Para la Fiscalía, la imputada representa un riesgo concreto para quienes trabajan en la administración pública, en el servicio de Justicia y en las fuerzas de seguridad, a raíz de la reiteración de los episodios denunciados.

El episodio de octubre en la vía pública

Uno de los hechos que se investigan ocurrió el miércoles 7 de octubre, cerca de las 11:30, en el cruce de pasaje Vélez Sársfield y 9 de Julio. Según la acusación fiscal, la mujer estaba en la calle con la parte superior de su vestimenta descubierta.

Cuando los efectivos policiales se acercaron para abordarla, habría reaccionado con violencia: les arrojó piedras y otros objetos contundentes. La Fiscalía también sostiene que amenazó de muerte a los uniformados durante el procedimiento.

Dos saltos a la reja del Palacio de Tribunales

La investigación suma otros dos episodios, registrados el 9 y el 17 de octubre en el Palacio de Tribunales. De acuerdo con la pesquisa, en ambas ocasiones habría saltado una reja perimetral para llegar hasta una ventana del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la Segunda Nominación, donde tramita una causa vinculada con su capacidad.

En esos casos, el personal policial intervino para contenerla y sacarla del edificio judicial.

Los disturbios en la Asistencia Pública

El expediente también abarca tres hechos ocurridos los días 20, 21 y 26 de agosto en la Asistencia Pública. La acusación indica que la mujer habría generado disturbios en el sector de admisión y en la sala de espera, con gritos, insultos y amenazas contra trabajadores, pacientes y la directora del establecimiento.

Entre las expresiones que le atribuye la Fiscalía aparece una amenaza textual: "Los voy a matar a todos si no me atienden".

El auxiliar fiscal Acuña señaló que esas situaciones sembraron temor entre los presentes y alteraron el funcionamiento del servicio de salud.

"Esa conducta intimidatoria generó un clima constante de zozobra, miedo generalizado y afectando severamente la normal prestación del servicio público de salud y la integridad física de quienes se encontraban cumpliendo funciones o requiriendo asistencia en el establecimiento", sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.

Qué dice la junta médica y los antecedentes de Celeste

Durante la audiencia, Acuña se refirió a la evaluación médica que se le practicó a la imputada. "Una junta médica determinó que tiene un trastorno de personalidad pero eso no incide en su capacidad psiquiátrica y mucho menos en sus actos. Entendemos que se debe garantizar el tratamiento psicológico que requiera y psiquiátrico pero con prisión preventiva", afirmó.

El fiscal insistió en que las denuncias muestran un riesgo para el funcionamiento de distintos organismos. "Existe un sistemático riesgo por parte de la imputada para la administración pública, el servicio de justicia y la fuerza de seguridad, en lo que respecta a todos los empleados que componen dichos organismos", señaló.

Y agregó: "No tan sólo hay denuncias de los empleados policiales sino también de la directora de la Asistencia Pública y de la Secretaría de Superintendencia de la Corte. Los hostigamientos en cada una de estas reparticiones atentan contra el normal funcionamiento de esos servicios".

La historia de Celeste incluye tanto condenas como un caso de violencia institucional. En 2013 fue detenida ilegalmente en su domicilio mientras se duchaba y trasladada a la Comisaría Cuarta, donde quedó alojada en una celda de hombres. Según su denuncia, sufrió abusos de internos y de efectivos policiales, aunque esas acusaciones no llegaron a sentencia por deficiencias en la investigación. Por la detención ilegal, dos policías fueron condenados.

Más tarde, en 2021, apuñaló a una trabajadora de un hotel céntrico y acumuló otras tres condenas, dos de ellas por robo.

Finalmente, se dispuso que Celeste sea examinada por el Cuerpo Médico Forense y luego derivada al Hospital del Carmen, donde se evaluará el tratamiento que necesita y las condiciones de su alojamiento durante el cumplimiento de la medida judicial.