Salud pública en Río Gallegos: cómo sostiene el municipio la atención pese al recorte de fondos
El municipio de Río Gallegos sostiene la atención pública con fondos propios, mientras los programas nacionales sufren recortes. El funcionario apuntó contra el diputado Guzmán por su propuesta de gestión privada.
La Secretaría de Salud municipal de Río Gallegos garantiza la atención a personas con y sin obra social, en un contexto de fuerte desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional. Así lo afirmó el funcionario Quirino Pereira, quien destacó que el modelo impulsado por el intendente Pablo Grasso sostiene el acceso a la salud como un derecho constitucional, amparado en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
La decisión cobra relevancia ante el aumento de la demanda: se estima que en Argentina unas 17 millones de personas dependen exclusivamente de la cobertura pública, una cifra en ascenso por la pérdida de empleo y la imposibilidad de pagar cuotas de medicina privada.
Un esquema sofocado por la quita de recursos
Pereira advirtió que los programas nacionales clave —como Remediar, los de salud sexual y reproductiva, la provisión de medicamentos oncológicos y de alto costo, y el soporte al INCUCAI— sufrieron subejecución presupuestaria y recortes progresivos desde 2023 hasta la actualidad.
“Este gobierno liberal ha dejado de financiar la salud pública porque no le interesa, quieren llevarnos a un modelo de medicina privada”, dijo Pereira, y analizó que lo que se busca es “abandonar a la gente, porque estás abandonando justamente al más vulnerable, y eso es lo que quiere el sistema este neoliberal, que la gente vaya hacia un mercantilismo, es un negociado”.
También cuestionó al gobierno provincial por no sostener el sistema público como debería: “hasta ahora no se ha hecho cargo del plan Remediar. Han dicho que se harían cargo y todavía no hay compra de medicación. Se supone que invirtieron en medicación que no sé ni dónde está”, criticó.
Ante este escenario, la Secretaría de Salud municipal opera de manera autónoma, financiando insumos, profesionales, infraestructura y logística con presupuesto propio. Además, se mantiene la apuesta por la promoción de la salud y la prevención para evitar la saturación de los centros de mayor complejidad.
Rechazo a las propuestas de privatización
Frente a las declaraciones del diputado nacional Jairo Guzmán, quien sugirió implementar un sistema público de gestión privada en Santa Cruz, la respuesta del sector médico municipal fue tajante. Pereira calificó esas propuestas como una “improvisación” alineada con políticas de mercantilización de la salud.
Además, recordó que esquemas similares aplicados en países como Colombia demostraron un fracaso estructural, con una duplicación de la mortalidad en los sectores de menores ingresos.
“Me parece que Jairo Guzmán es un improvisado. No tienen una línea de trabajo sobre salud pública y quiere improvisar con eso, aunque obviamente que está alineado con lo que se piensa de Nación sobre privatizar la salud pública”, dijo Pereira, y consideró que el diputado “no es autoridad para hablar de salud pública, no sé quién lo asesora porque se nota que habla desde el desconocimiento. Es muy poco ético salir libremente a decir que un sistema de salud público de gestión privada va a funcionar en Santa Cruz”.
También le recomendó al legislador “que se asesore con gente que sabe de salud pública. No es lo mismo la salud pública que la salud privada, que no cometa el error que cometió el gobernador Vidal, que metió un ministro que venía de gestiones privadas y que nunca trabajó en la gestión pública”. Y cerró: “El diputado Guzmán, que tanto habla sobre el SAMIC Calafate, no dice nada que está desfinanciado. También hay que tener en cuenta que durante su gestión al frente del PAMI, no pudo resolver ni cuestiones mínimas, y ahora habla de salud pública”.