¿Salvar el cobre o condenar al más pobre? La polémica ley de chatarreros que divide Salta

Miles de familias salteñas que viven de la recolección de metales quedaron en la mira tras la aprobación de un registro obligatorio para acopiadores de cobre. La medida busca frenar el robo de cables, pero también amenaza el sustento diario de los más vulnerables.

¿Qué cambia con el nuevo registro?

La Cámara de Diputados de Salta aprobó la creación del Registro Provincial de Acopiadores de Metales No Ferrosos. Ahora, cualquier persona o comercio que compre, venda o transporte cobre deberá registrar sus datos societarios, CUIT, domicilio y presentar documentación que acredite el origen y la trazabilidad de la mercadería.

El objetivo oficial es cortar de raíz el negocio millonario del vandalismo y el robo de servicios públicos. Sin embargo, el control estricto al blanqueo comercial busca asfixiar el mercado informal del cual dependen económicamente los recolectores urbanos.

La cadena que mezcla necesidad y delito

En los barrios más carenciados de Salta y del interior provincial, juntar cobre y bronce no es un negocio: es la diferencia entre comer o irse a dormir con el estómago vacío. Se calcula que miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad y recuperadores urbanos sobreviven gracias a la recolección ambulante de chatarrería.

Pero en paralelo, bandas organizadas y personas con consumos problemáticos encontraron en el saqueo de medidores, tendidos eléctricos y placas de cementerio un circuito ilícito. Operativos recientes incautaron cargamentos clandestinos de casi 500 kilos de cobre robado.

En la cúspide comercial, el material recolectado legal o ilegalmente termina en chacaritas o desarmaderos, donde se compacta y blanquea mezclándolo con chatarra legal, antes de ser enviado a fundiciones industriales en Buenos Aires o Santa Fe.

El rechazo de La Libertad Avanza: ¿más burocracia o prohibición total?

A pesar del apoyo mayoritario, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) votó en contra de la iniciativa. El diputado Claudio Cansino argumentó: "Hay que combatir el delito con más control sobre los delincuentes y no sobre los comerciantes que trabajan dentro de la ley. No busca entorpecer, pero sí lo hace. Los comerciantes que ya tienen registro y actividad fiscal regulada tendrán más burocracia y más costos, generándose una superposición de controles y trámites."

Además, Cansino propuso una alternativa radical: "Tendríamos que prohibir directamente la compra y venta callejera de materiales ferrosos y no ferrosos, y únicamente permitir que se realice en locales habilitados."

Un futuro incierto para la economía de calle

Mientras las autoridades buscan frenar a las bandas organizadas que atentan contra la infraestructura eléctrica y de agua, las nuevas trabas burocráticas e hipercontroles sobre el acopio amenazan con dejar sin su única fuente diaria de sustento a cientos de salteños que viven al día de la recolección urbana.