San Carlos tendrá su propia Policía Ambiental: las multas que pueden arruinarle el bolsillo a más de uno
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San Carlos tendrá su propia Policía Ambiental: las multas que pueden arruinarle el bolsillo a más de uno

San Carlos ya tiene su propia Policía Ambiental y las multas por tirar basura donde no va pueden golpear fuerte el bolsillo de los infractores. La ordenanza fijó tres niveles de sanción y un castigo extra para los reincidentes: cuánto puede costar cada falta, adentro.

El Concejo Deliberante de San Carlos dio luz verde a un cuerpo municipal que saldrá a recorrer las calles con una misión concreta: perseguir a quienes tiran basura donde no deben, arman basurales clandestinos o contaminan acequias y canales. La creación de la Policía Ambiental quedó formalizada a través de la Ordenanza 2099, aprobada el 22 de octubre y publicada este martes 17 de noviembre en el Boletín Oficial de Mendoza.

El objetivo declarado de la norma es atacar de frente los focos de contaminación que más molestan a los vecinos: los basurales a cielo abierto, el abandono de residuos en espacios públicos y la contaminación de los cauces de agua.

¿Qué podrá hacer este cuerpo?

Los agentes tendrán la facultad de inspeccionar establecimientos, revisar cómo se transporta y se almacena la basura, detectar basurales ilegales y labrar actas de infracción. Todo podrá quedar documentado con fotografías, videos, informes técnicos y herramientas de georreferenciación.

La vigilancia abarcará calles, caminos, terrenos baldíos, espacios verdes, canales y acequias. También se pondrá la lupa sobre la quema de residuos y sobre los llamados grandes generadores: locales comerciales, industriales, gastronómicos y turísticos.

El esquema de multas: tres niveles y un castigo extra para reincidentes

Uno de los puntos centrales de la ordenanza es el régimen de sanciones económicas, que divide las faltas en tres categorías medidas en Unidades Tributarias Municipales (UTM):

Leves: de 10.000 a 20.000 UTM.
Graves: de 20.001 a 40.000 UTM.
Gravísimas: de 40.001 a 60.000 UTM.

El valor final en pesos dependerá de cuánto valga la UTM según la ordenanza tarifaria vigente al momento de liquidar o pagar la multa.

¿Qué se considera grave? Arrojar residuos en lugares prohibidos, generar microbasurales, incumplir las obligaciones de los grandes generadores u obstaculizar las inspecciones. En el escalón más alto, las gravísimas, aparecen mantener basurales a cielo abierto, tirar basura en cauces de agua cuando haya riesgo ambiental y hacer quemas incontroladas que puedan afectar a la población o al ambiente.

Para los reincidentes la norma es más dura: las multas podrán trepar hasta el triple del máximo previsto para la infracción correspondiente.

No todo es plata: clausuras y responsabilidad del dueño del terreno

Más allá de la sanción económica, el municipio podrá ordenar tareas de limpieza y recomposición ambiental, suspender habilitaciones comerciales y disponer clausuras preventivas o definitivas cuando la ley lo permita.

La ordenanza también introduce un régimen de responsabilidad solidaria entre quienes generan la basura y los titulares, poseedores o tenedores de los terrenos involucrados. En concreto: si no se logra identificar a quien arrojó los residuos, las actuaciones podrán dirigirse contra el propietario o responsable del inmueble donde se constató la infracción.

Denuncias ciudadanas, incluso anónimas

El cuerpo contará con un sistema para que los vecinos reporten irregularidades por canales digitales, telefónicos o presenciales. La norma contempla además denuncias anónimas cuando existan motivos fundados para proteger la identidad de quien las realice.

El personal asignado deberá pertenecer a la planta municipal y recibir capacitación en legislación ambiental, inspecciones, elaboración de actas y gestión de residuos.

Lo que todavía falta definir

La ordenanza no establece aún cuántos agentes integrarán el cuerpo ni la fecha exacta en que empezará a funcionar. Sí prevé que la nueva estructura pueda coordinar acciones con organismos provinciales y nacionales, fuerzas de seguridad y el Consorcio Intermunicipal Centro (COINCE). También deberá elaborar informes anuales sobre denuncias, infracciones y sanciones aplicadas, que se presentarán ante el Concejo Deliberante.

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