San Fernando: Los trabajadores de Fate se movilizan por una ley clave y el gobierno bonaerense toma cartas en el asunto

Trabajadores de Fate se plantan en La Plata exigiendo una ley que permita al estado provincial tomar el control de la fábrica. ¿Podrá esta figura legal de “utilidad pública” revertir el cierre que dejó a casi mil personas en la calle?

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San Fernando: Los trabajadores de Fate se movilizan por una ley clave y el gobierno bonaerense toma cartas en el asunto

Trabajadores del neumático se concentraron frente a la Legislatura bonaerense para exigir una medida extrema que podría cambiar el destino de la fábrica cerrada en San Fernando y sus más de 900 empleados. La protesta busca impulsar un proyecto que declare a la planta de “utilidad pública”, una figura legal que abriría la puerta a una intervención estatal sin precedentes.

La movilización del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) tuvo un objetivo claro: presionar a los legisladores para que aprueben una ley que asegure la continuidad de la fábrica de cubiertas Fate. El cierre del mes pasado dejó a 920 personas sin su fuente de trabajo.

El proyecto en cuestión busca que la fábrica sea declarada de “utilidad pública” a nivel provincial. Esta calificación es crucial, ya que sujetaría a la planta a ser ocupada temporalmente por el estado.

¿En qué consiste el plan de rescate?

De ser aprobada la iniciativa, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se haría cargo directamente del uso de las instalaciones. La idea es poner la fábrica a producir nuevamente, con el compromiso de mantener todos los puestos de trabajo por un período de un año.

Durante ese año de gestión estatal, la empresa Fate tendría la obligación de presentar un proyecto productivo viable. Este lapso funciona como un respiro para los trabajadores y un plazo perentorio para la compañía.

La situación escaló tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Ante este vacío, la cartera laboral bonaerense decidió intervenir dictando su propia instancia de negociación, que tendrá una duración de 15 días.

La base legal de la intervención provincial

El gobierno de Axel Kicillof fundamenta su paso al frente en las facultades que le otorga la Ley 10.149. Esta norma regula específicamente los conflictos colectivos de trabajo dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires.

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, había solicitado formalmente esta intervención al cumplirse un mes desde el inicio de lo que el gremio califica como “un ilegal, inescrupuloso y temerario lock out patronal”.

La concentración en La Plata marca un punto de inflexión en el conflicto, trasladando la pulseada del ámbito administrativo al legislativo. El futuro de la planta de San Fernando y sus cientos de familias ahora depende de una ley.

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