Cinco millones de pesos por cada jornada sin colectivos: la intimación que la Justicia le clavó a la UTA cambia el tablero de la negociación salarial en San Juan. Quién la pidió y qué pasa si el sindicato vuelve a frenar las unidades.
La pulseada entre el Gobierno de San Juan y la conducción local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dejó de moverse en el terreno gremial y se instaló de lleno en los tribunales. Este viernes, la Justicia provincial respondió a una presentación de la Fiscalía de Estado con una advertencia que cambia las reglas del juego: si el sindicato vuelve a frenar los colectivos, deberá afrontar una sanción económica por cada jornada de paralización.
El monto fijado por el magistrado interviniente no es simbólico: 5 millones de pesos por día sin actividad. La medida, de carácter cautelar y con apercibimiento, apunta a garantizar la circulación del servicio público de pasajeros en toda la provincia.
Qué buscó el Estado con la presentación
La Fiscalía de Estado había llevado el conflicto a la Justicia después de una seguidilla de interrupciones que dejaron a miles de usuarios sin transporte. Según consignó el sitio 0264 Noticias, el expediente se apoyó en el impacto que cada paro genera sobre la vida cotidiana de quienes dependen de las líneas urbanas e interurbanas.
Desde el organismo que impulsó la demanda estatal explicaron que el objetivo de estas penalidades es que los reclamos paritarios o sectoriales se canalicen por los carriles legales correspondientes. La idea de fondo: que las consecuencias de un conflicto gremial no recaigan sobre los trabajadores y estudiantes que necesitan el colectivo para moverse.
Controles más estrictos
La resolución judicial no se limita a la multa. También advierte que se intensificarán los controles sobre el cumplimiento de los diagramas horarios y las frecuencias. Para esa tarea se sumará el respaldo de las áreas técnicas de la Secretaría de Tránsito y Transporte.
El apercibimiento a la cúpula sindical es claro: si se concretan nuevas medidas de fuerza que afecten el normal funcionamiento del servicio, las sanciones económicas se incrementarán de forma drástica.
La mirada del empresariado
Del otro lado del mostrador, las cámaras empresarias del transporte siguen con atención la resolución. Desde el sector reiteraron las dificultades financieras que atraviesan por la asimetría en la distribución de subsidios y por la evolución de sus estructuras de costos, un reclamo que viene de larga data y que no se resuelve con la intimación judicial.
El margen que le queda a la UTA
Con este escenario, las bases del sindicato analizan cómo seguir de cara a las próximas negociaciones salariales. La herramienta del paro, hasta ahora su principal carta de presión, queda notablemente acotada por el peso de la sanción económica dispuesta por la Justicia provincial.
