La Nación cambió la definición de proveedor local en el RIGI y los proveedores mineros de San Juan se pusieron en alerta. El ministro Gustavo Fernández salió a responderles y explicó por qué la ley provincial juega con otras reglas: el dato que cambia la discusión está en los parámetros que fija la norma sanjuanina.
El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, salió a despejar dudas: la modificación que el Gobierno nacional hizo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no toca la Ley de Desarrollo Minero Local que rige en la provincia. Lo dijo en diálogo con 0264 Radio, donde remarcó que el esquema sanjuanino conserva sin cambios sus metas de empleo, contratación de proveedores e inversión en el territorio.
La precisión del funcionario llegó después de que el Ejecutivo nacional firmara el Decreto 1366/2026, que redefinió qué se entiende por proveedor local dentro del RIGI. Con la nueva letra, alcanza con que una sociedad esté constituida y domiciliada en Argentina para ser considerada local, sin mirar la nacionalidad de sus dueños ni cómo se compone su capital.
El ajuste encendió alarmas entre los proveedores sanjuaninos, que temen que filiales de firmas extranjeras les disputen el porcentaje mínimo de compras nacionales que exige el régimen. Fernández, sin embargo, separó ese concepto nacional de la norma pensada exclusivamente para San Juan.
“No altera ninguna de las lógicas”
“A los efectos de lo que está contemplado en la Ley Provincial de Desarrollo Local Minero, la modificación que ha introducido el Gobierno Nacional no tiene ningún impacto”, afirmó el ministro. Y agregó que el decreto tampoco modifica “ninguna de las lógicas ni el espíritu” con el que se diseñó la legislación sanjuanina.
Fernández subrayó que la norma provincial no opera como una “ley cerrojo” ni fija cupos de cumplimiento obligatorio. Lo que hace es exigirles a las empresas mineras que presenten planes de desarrollo de empleo y proveedores locales, que identifiquen sus necesidades y las crucen con la oferta disponible para fijar objetivos que se van cumpliendo de forma progresiva.
La ley toma como referencia dos parámetros: 80% de empleo local y 60% de compras sobre la oferta provincial disponible de bienes y servicios. Las compañías que alcanzan ambos niveles acceden a un crédito fiscal que pueden aplicar a impuestos provinciales o ceder a los proveedores sanjuaninos con los que trabajan.
Qué cambió con el RIGI y por qué el ministro no ve un perjuicio
Hasta la sanción del decreto, una sociedad solo era considerada proveedor local dentro del RIGI si además cumplía con una condición de participación mayoritaria de capital nacional. El nuevo texto eliminó ese requisito y puso el acento en que la empresa esté constituida y domiciliada en el país, además de pedir criterios de origen nacional cuando se trata de bienes.
Para Fernández, ese criterio se parece a una lógica que San Juan ya había adoptado. “La localidad no se define solo por un domicilio en un documento o en un estatuto societario”, explicó. La provincia busca ponderar también el arraigo, las inversiones concretadas y el valor agregado que se genera dentro del territorio sanjuanino.
Según el funcionario, una compañía que invierte, genera actividad y agrega valor en San Juan puede encajar en el esquema provincial aunque su estructura societaria tenga capital extranjero. El caso de las productoras de cal para la minería es el ejemplo que eligió: firmas como Calidra y Calera San Juan, por la composición foránea de su capital, podían quedar afuera de la definición nacional anterior pese a tener inversiones y actividad productiva en la provincia.
“Lo que nos importa es que se invierta y se agregue valor en San Juan”, resumió. A su entender, limitar el concepto al origen del capital deja afuera a empresas que tienen plantas, crean puestos de trabajo y desarrollan procesos productivos dentro de la provincia.
Proveedor argentino no es lo mismo que proveedor sanjuanino
Fernández marcó otra distinción que considera clave para entender el debate. Cuando el RIGI obliga a comprar al menos un 20% a proveedores locales, usa la palabra “local” como sinónimo de proveedores argentinos, y no necesariamente de empresas radicadas en la provincia donde se ejecuta el proyecto.
En la práctica, según explicó, un proyecto podría cumplir con ese requisito nacional comprando a firmas argentinas de otras provincias sin contratar a un solo proveedor del territorio donde desarrolla la inversión. San Juan busca superar ese piso con su propia legislación.
“Nosotros apuntamos a exceder los objetivos que el RIGI planteaba para todo el país, que eran esos 20%”, señaló el ministro, que insistió en que la modificación nacional no altera las metas fijadas para la participación de proveedores provinciales.
De todos modos, reconoció que el nuevo escenario exige seguimiento para evitar distorsiones. Aunque ve válido sumar empresas con inversiones y arraigo real en el país, advirtió que habrá que vigilar la aplicación de la norma para prevenir “usos malintencionados o aprovechamientos en exceso” de la nueva definición.
La reglamentación entra en la recta final
Fernández también respondió a uno de los reclamos más repetidos de las cámaras de proveedores: cuándo empezará a aplicarse de lleno la Ley de Desarrollo Minero Local.
Confirmó que la semana pasada hubo una reunión de trabajo entre los ministerios de Producción y Minería y la Asesoría Letrada de Gobierno para revisar las últimas observaciones al proyecto de reglamentación. La propuesta de decreto ya fue elevada para los ajustes técnicos y legales finales.
“El camino técnico ya ha sido recorrido”, aseguró el ministro, y precisó que solo queda verificar aspectos formales antes de enviar el texto al gobernador Marcelo Orrego para su firma.
Si ese paso se concreta, la provincia tendrá la herramienta reglamentaria para empezar a instrumentar los planes de desarrollo de proveedores y empleo que prevé la ley, justo cuando los grandes proyectos mineros avanzan y la discusión por cuánto de esa inversión queda en San Juan gana peso dentro del sector.