San Juan destrabó la subasta de los vehículos que duermen en los depósitos judiciales

La Cámara de Diputados de San Juan dio luz verde a una modificación de la Ley 1810-A, la norma conocida como ley de chatarra, que abre la puerta a la subasta pública de los vehículos secuestrados que hoy se acumulan en los depósitos judiciales de la provincia.

La aprobación se concretó este jueves y alcanza a autos, motos y camionetas que, después de una evaluación técnica, puedan volver a circular o cuyos repuestos sean reutilizables. El texto suma cuatro artículos y deja vigente la compactación como destino alternativo para las unidades que no se recuperen.

Qué se busca con el cambio

El objetivo central es descomprimir espacios como el Depósito Judicial de 9 de Julio, donde los rodados ocupan buena parte de la capacidad disponible. Hasta ahora, el esquema de la ley preveía únicamente la compactación y la transformación en chatarra de esos bienes.

Con la reforma, el Ministerio de Gobierno queda facultado para impulsar remates de las unidades con posibilidades de recuperación o de aprovechamiento de piezas. Según el texto aprobado, el procedimiento quedará supeditado a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

La norma también fija condiciones de publicidad y transparencia para las subastas, y contempla la participación tanto de particulares como de empresas interesadas en comprar los vehículos o sus componentes. Por ahora, de acuerdo con lo que indicaron fuentes legislativas, no hay un plazo definido para esa reglamentación.

A dónde irá el dinero de los remates

Los recursos que se obtengan de las subastas y de la comercialización de la chatarra derivada de la compactación podrán destinarse a obras de infraestructura social, sanitaria, educativa y ambiental, tanto en la provincia como en los municipios.

La ley además prevé que esos fondos financien campañas de educación y concientización ambiental, programas sociales y asistencia directa a personas en situación de vulnerabilidad.

Para controlar el uso de lo recaudado, el Ministerio de Gobierno deberá llevar un registro y presentar una rendición pública anual con el detalle del destino del dinero.

Con esa previsión, la provincia suma una herramienta para liberar espacio en los depósitos judiciales y ordenar el tratamiento de los bienes secuestrados. Queda pendiente, eso sí, la definición reglamentaria que fijará cómo se harán los remates y bajo qué condiciones operativas.