El decreto que reformó el RIGI ya tiene su primera reacción formal en San Juan y apunta directo al bolsillo de las empresas locales: la cámara que las nuclea advirtió por la nueva regla que cambia quién puede figurar como proveedor minero. Qué pidieron y por qué hablan de riesgo para la provincia.
El decreto 1366/2026 que reformó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) todavía no terminó de acomodarse y ya tiene su primera reacción formal en San Juan. CAPRIMSA, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros, advirtió que el nuevo texto puede golpear a las firmas locales justo donde están los yacimientos.
El punto que encendió la alarma es uno: la modificación del criterio para ser considerado proveedor local. Con la letra nueva, una empresa extranjera constituida y domiciliada en Argentina puede acceder a esa condición sin importar la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni cómo se compone su capital.
Para la entidad que preside Fernando Godoy, esa equiparación no refleja la realidad de la actividad. Sostienen que no es lo mismo figurar como proveedor local por una norma nacional que ser una empresa que invierte y genera desarrollo efectivo en la provincia donde está el mineral.
La posición de la cámara
Godoy envió un comunicado a este medio en el que dejó sentada la postura: “San Juan debe ser protagonista de su desarrollo minero”. Y agregó: “Los proveedores sanjuaninos no pueden quedar al margen de las oportunidades que genera nuestra minería”.
La cámara aclaró que su defensa no responde a un interés sectorial ni a un pedido de privilegios. La definieron como “una cuestión estratégica para el presente y el futuro económico y social de nuestra provincia”.
Inversión no es sinónimo de desarrollo
El comunicado plantea una distinción de fondo: que lleguen grandes capitales mineros no asegura por sí solo que los beneficios derramen en crecimiento para San Juan. Según la entidad, hace falta “una conducción política con visión estratégica y capacidad de gestión para convertir las oportunidades de la actividad en empleo, crecimiento empresarial, desarrollo de proveedores y valor agregado local”.
Esa responsabilidad, remarcaron, no recae solo en el Gobierno provincial. Involucra también a las empresas operadoras, al sector privado, a las instituciones y a todos los eslabones de la cadena minera.
Para CAPRIMSA, el éxito de la minería no se mide únicamente por lo que se extrae del suelo sanjuanino. También cuenta el valor que queda en la provincia, las empresas que crecen y el empleo que se genera.
La ley provincial que sigue esperando
Otro de los ejes del reclamo es el marco legal local. La cámara señaló que la Ley Provincial de Desarrollo Local Minero todavía no fue reglamentada. En ese sentido, citó los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, que reconocen las competencias que conservan las provincias y el dominio originario sobre los recursos naturales.
Para la entidad, la implementación de esa norma debe traducirse en contrataciones reales, convocatorias transparentes, reglas claras, criterios de desarrollo local y seguimiento de los compromisos que asumen los proyectos mineros.
También pidieron que la política provincial se articule con los marcos regulatorios nacionales, RIGI incluido, con un objetivo: fortalecer a las empresas locales. “No se trata de limitar la participación de empresas de otras jurisdicciones ni de restringir la competencia. Se trata de generar condiciones para que las empresas sanjuaninas puedan integrarse a los grandes proyectos”, aclararon.
Qué le piden a las mineras
En otro tramo del documento, la cámara ratificó su disposición a trabajar con las autoridades nacionales y provinciales, a aportar propuestas y a participar de los espacios de diálogo donde se define el futuro de la actividad.
Pero también hicieron un pedido concreto a las operadoras de los proyectos: “información anticipada, planificación de contrataciones, oportunidades competitivas, convocatorias transparentes y criterios claros de evaluación” en licitaciones y contrataciones.
Hacia adentro, CAPRIMSA dijo que impulsa alianzas entre empresas sanjuaninas y proveedores de distintas escalas y procedencias, junto con instituciones académicas y de formación, para ampliar capacidades y abrir nuevas instancias de integración.
“No alcanza con que las inversiones lleguen”
La cámara respaldó las inversiones mineras, pero con una condición: que “deben generar oportunidades para San Juan”.
Negaron buscar privilegios o condiciones que restrinjan la competencia. Lo que piden son oportunidades, reglas claras, transparencia y cumplimiento de la legislación vigente. “Estamos convencidos de que una minería sólida y sostenible necesita inversiones, empresas competitivas, instituciones fuertes y un sector proveedor con capacidad de participar y crecer”, expresaron.
El pronunciamiento de la entidad que nuclea a los proveedores confirma que los cambios del Gobierno nacional al RIGI empiezan a levantar polvareda en las provincias mineras.