San Juan pagará de su bolsillo un servicio de salud que antes cubría la Nación
Un informe nacional reveló cuántas interrupciones del embarazo se practicaron en San Juan durante 2025. Pero el dato que nadie esperaba es quién paga ahora los insumos: la pelota pasó al presupuesto provincial y hay 13 distritos en la misma situación.
El sistema público de salud de San Juan practicó 1.657 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE e ILE) durante 2025, según el Reporte anual 2025: el reto de sostener el aborto legal en Argentina, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y Proyecto Mirar.
El trabajo no se limita a contar procedimientos: pone la lupa sobre el financiamiento y los obstáculos que hoy atraviesa el sistema sanitario en todo el país.
Qué lugar ocupa San Juan en el mapa nacional
A nivel nacional, el relevamiento contabilizó 87.603 interrupciones en 20 provincias, una cifra que se mantuvo estable respecto del período anterior. En el desglose por jurisdicciones, los 1.657 casos sanjuaninos quedan por debajo de distritos más poblados como Buenos Aires (41.446), Córdoba (9.341), Tucumán (2.417), Jujuy (1.973) y Corrientes (1.933), pero superan los registros de San Luis, Entre Ríos y Misiones.
Según las precisiones metodológicas del informe, se consultó a las 24 jurisdicciones del país, aunque la información provincial se completó con los registros de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Las tendencias que se repiten en el país
El documento identifica patrones comunes en la mayoría de las provincias:
Acceso temprano: cerca del 90% de las intervenciones se realizaron dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Método predominante: la medicación sigue siendo la vía principal elegida por los efectores públicos, por encima de alternativas como la aspiración manual endouterina.
Primer nivel de atención: la mayoría de los centros que garantizan la prestación pertenecen a la atención primaria.
El desafío que cambió las cuentas provinciales
Más allá de las estadísticas, el informe advierte un cambio estructural en la sustentabilidad del servicio. Tras la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de discontinuar la compra centralizada de insumos específicos, 13 provincias comenzaron a sostener la prestación con recursos y presupuestos propios.
El relevamiento vincula esa situación con una reducción general del gasto nacional destinado al programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. El costo de garantizar medicamentos, insumos y la operatividad de los efectores queda así trasladado de manera directa a las administraciones locales, en un marco donde la Ley 27.610 continúa plenamente vigente y sin modificaciones legales.
