San Juan quiere rematar miles de autos retenidos: quiénes podrán comprarlos
Miles de vehículos retenidos en 9 de Julio y un depósito judicial al 85% de su capacidad: el proyecto que ya está en Diputados define qué se hará con los autos radiados y quiénes podrán pujar por ellos.
El Poder Ejecutivo de San Juan envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para subastar los vehículos radiados en controles de tránsito y así descomprimir el depósito judicial de 9 de Julio, que acumula miles de unidades y ya opera al límite de su capacidad.
La iniciativa contempla dos caminos: los rodados que todavía estén en condiciones de circular irán a remate, mientras que los que no puedan recuperarse se venderán como chatarra. El objetivo es ordenar el destino de vehículos acumulados durante años y fijar un procedimiento claro para su disposición final.
¿Quiénes podrán participar de las subastas?
Ese punto quedó abierto y será clave en la discusión legislativa. La ministra de Gobierno, Laura Palma, aclaró que primero deberá dictarse el decreto reglamentario y luego realizarse un análisis técnico de cada unidad. "El decreto va a fijar eso, pero en principio cualquier persona humana o jurídica que tenga condición fiscal habilitada podría ser postor", sostuvo la funcionaria.
La definición deja en manos de la reglamentación los requisitos finales para intervenir en el remate. En paralelo, el proyecto prevé clasificar los rodados con informes técnicos de la Secretaría de Seguridad. Los vehículos que no reúnan condiciones seguirán el proceso de compactación.
Un depósito al borde del colapso
El predio de 9 de Julio alberga miles de vehículos radiados y alcanzó una ocupación estimada entre el 80% y el 85% de su capacidad. El acopio prolongado a la intemperie también genera un riesgo ambiental por derrames de aceite y otros líquidos contaminantes.
En ese marco, se consignó que hubo tandas de más de 1.800 vehículos notificadas en edictos recientes, lo que dimensiona la magnitud del stock acumulado y la urgencia de encontrarle una salida.
¿A dónde irá el dinero recaudado?
La reforma de la Ley 1810-A establece que lo recaudado por los remates se destinará a salud, educación, infraestructura y asistencia social. Además, incorpora una obligación de rendición de cuentas anual sobre esos recursos.
Si la Cámara de Diputados aprueba el texto, el siguiente paso será la reglamentación mediante decreto y la selección de los vehículos alcanzados por el sistema de subasta o compactación.
