San Juan quiere tribunales populares: el dato que ya se probó en otra provincia y enciende la discusión

El Teatro Municipal de San Juan reunió a magistrados de dos provincias para debatir la aplicación del juicio por jurado, un instituto que ya figura en el Código Procesal Penal local pero que todavía no se puso en marcha.

La conferencia "Juicios por jurado: El diseño constitucional que reformó la Justicia argentina" sirvió como plataforma para que el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, y el ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Víctor del Río, expusieran los desafíos de trasladar la experiencia chaqueña al suelo sanjuanino.

Olivares Yapur fue el encargado de abrir el encuentro y puso el foco en la necesidad de preparar el terreno social antes de instrumentar el mecanismo. "Estamos creando conciencia ciudadana sobre este mecanismo de la Constitución Nacional y esperamos poderlo instrumentar en tiempos venideros", afirmó el titular de la Corte local.

El magistrado también subrayó el valor de que provincias con recorrido concreto compartan su letra chica, esa que no aparece en los manuales: cómo se maneja un proceso cuando son los propios vecinos los que definen el veredicto.

Chaco, el espejo donde San Juan mira

Del Río llegó a San Juan con una mochila de datos que funcionó como argumento central de su exposición: en su provincia ya se concretaron 99 juicios por jurados desde 2019, cuando el sistema entró en vigencia.

El chaqueño defendió una mirada federal de la Justicia y cuestionó la idea de que las innovaciones llegan solo desde Buenos Aires. "Los desarrollos más importantes no surgen únicamente de Buenos Aires, también se construyen desde el interior", sostuvo.

Según su experiencia, la participación popular aporta mayor transparencia a los procesos, otorga una legitimidad superior a los fallos y mejora la comprensión pública sobre el trabajo de los tribunales. Un combo que, a su entender, achica la brecha entre el Poder Judicial y la sociedad civil.

Del Río instó a los operadores locales a activar una herramienta que ya está contemplada en el Código Procesal Penal sanjuanino, aunque todavía no se aplica en la práctica.

Una deuda que viene desde 1853

El cierre del encuentro dejó una coincidencia entre las autoridades: acatar el mandato fijado en la Carta Magna desde 1853 representa un paso decisivo para saldar una deuda histórica y modernizar de forma definitiva la administración de justicia en la región.

La conferencia funcionó como un primer mojón de concientización. La pregunta que sobrevuela ahora es cuándo San Juan dará el salto que Chaco ya dio.