San Juan se juega su futuro minero: el plan que copia el modelo de YPF

San Juan está a un paso de convertirse en una de las principales productoras de cobre del continente, impulsada por Vicuña y otros grandes proyectos en gatera. Pero la transición energética global puso en el centro de la escena a minerales como el cobre, el litio y las tierras raras, y con ellos llegó una pregunta incómoda: ¿quién se queda con esa renta y cómo se administra? El abogado y expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal, Mario Alfredo Luna, advierte que la abundancia de recursos no garantiza el progreso automático. La diferencia entre un desarrollo integral y un simple enclave económico, sostiene, depende del diseño institucional que se elija.

El diagnóstico: la asfixia de divisas

Para Luna, el verdadero freno del crecimiento argentino no es la falta de iniciativa privada, sino la crónica escasez de dólares. Las pymes metalmecánicas, los frigoríficos, las agroindustrias y los desarrollos tecnológicos tienen planes de inversión sólidos y mercados demandantes, pero se bloquean al no poder importar bienes de capital, repuestos o insumos críticos. Mientras tanto, la minería de cobre y litio opera en un ecosistema global dolarizado que demanda sus productos a precios crecientes. Bajo el diseño actual, potenciado por el RIGI, la renta minera fluye hacia el exterior o queda concentrada en el sector extractivo. El resultado, alerta, es un modelo de enclave: un sector exportador hiperconectado y dolarizado conviviendo con un tejido industrial doméstico descapitalizado.

Plan A: una sociedad mixta al estilo YPF

La propuesta central de Luna es replicar el esquema de la YPF recuperada en 2012. Se crearía una corporación con participación estatal mayoritaria del 51%, distribuida entre el Estado Nacional y las provincias productoras como San Juan, dejando el 49% restante a inversores privados. La idea no es estatizar la actividad ni ahuyentar al capital extranjero, cuyos aportes tecnológicos y financieros siguen siendo indispensables. El objetivo es que el Estado tenga un asiento en el directorio para definir el destino estratégico de la renta. Con ese rol corporativo activo se buscaría transformar una fracción de las utilidades en dólares en líneas de crédito productivo para la industria nacional, financiar la tecnificación de pymes locales mediante fideicomisos en moneda dura, articular la integración de proveedores locales en la cadena de valor minera y evitar que la actividad se reduzca a una exportación primaria en bruto que termine financiando la industrialización de otras naciones.

La ventaja de ser socio antes que concedente

El modelo clásico del concedente limita al Estado a cobrar regalías fijas y menores, y luego esperar un supuesto derrame económico espontáneo. La realidad histórica argentina, dice Luna, desmiente persistentemente ese derrame. Al consolidarse como socio accionista, el Estado adquiere voz y voto directo sobre el destino de los dividendos corporativos. Esa herramienta jurídica ya está disponible en el estatuto actual de YPF respecto de la renta petrolera. Extender ese marco al cobre, el litio y las tierras raras constituye, para el autor, una evolución natural de la política de recursos estratégicos.

Plan B: regalías en dólares y canon internacional

Frente a las críticas ortodoxas que argumentan que la participación estatal ahuyenta las inversiones, Luna plantea una alternativa de mercado. Este Plan B no altera la composición societaria privada, pero reestructura el ingreso de divisas con dos mecanismos: exigir la liquidación de las regalías mineras directamente en dólares norteamericanos, para que no se licúen por la inflación y los desajustes cambiarios, y elevar el canon de explotación a parámetros internacionales competitivos, similares a los de otros países de tradición minera robusta. Aunque las normativas del Banco Central fuercen la pesificación para el circuito comercial interno, se generaría un derecho de crédito soberano en moneda extranjera a favor de las provincias. Ese crédito respaldaría la creación de fideicomisos públicos de financiamiento industrial. De este modo, el Estado —sobre todo las provincias— mejoraría su confianza económica de mercado porque ya no solo sería recaudador en pesos, sino también en dólares.

Equidad de criterio frente al capital extranjero

Luna apela al sentido común y a la equidad regulatoria: el propio RIGI ya le concede al capital privado internacional el derecho preferencial de remitir sus utilidades netas en dólares al exterior de forma ágil. Si la arquitectura jurídica actual habilita salidas rápidas para la rentabilidad corporativa privada, no existe objeción técnica válida para impedir que las divisas correspondientes al Estado se retengan y se reinviertan dentro del país. El marco institucional exacto, la combinación de leyes y el catálogo dinámico de minerales estratégicos serán fruto del debate parlamentario nacional y provincial. Lo imperativo, concluye, es resolver la pregunta fundamental: ante el despliegue de una minería de escala continental en San Juan, ¿quién administrará esa renta y a quién beneficiará? La experiencia argentina ratifica que el mercado no resuelve esta distribución por sí solo; se requiere una herramienta estatal inteligente y decidida.